El expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10 % a todas las importaciones, como reacción directa a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que consideró ilegales sus aranceles previos bajo una ley de emergencia. La medida se anunció desde la Oficina Oval y apunta a preservar la agenda comercial de su administración tras un fuerte revés legal.
El fallo de la Corte Suprema —emitido por mayoría de 6 a 3— determinó que Trump se excedió al usar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 diseñada para sanciones económicas, para imponer aranceles masivos fuera de contexto de emergencia. Los magistrados concluyeron que dicha normativa no confiere autoridad al presidente para establecer impuestos sobre importaciones sin la aprobación explícita del Congreso, ya que la potestad de gravar corresponde a este último.
El fallo afecta un conjunto amplio de gravámenes globales que Trump había instaurado, incluyendo tarifas “recíprocas” y tasas adicionales de hasta 50 % en algunos casos contra países como Brasil y la India. También quedaron en duda ciertos aranceles relacionados con Canadá y México bajo la excusa de combatir el tráfico de fentanilo.
Como respuesta, Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que sí permite al Ejecutivo imponer aranceles de hasta un 15 % por períodos de 150 días sin necesidad de pasar por el Congreso. Bajo esta autoridad, el presidente firmó la orden para una tarifa base global del 10 %, que según su administración entrará “casi de inmediato” en vigor.
Sin embargo, expertos legales y analistas han señalado que esta sección no ha sido ampliamente utilizada para gravámenes de tal magnitud y su aplicación podría enfrentar nuevos desafíos judiciales o interpretativos.
Trump criticó duramente al tribunal, describiendo la decisión como “terrible” y acusando, sin pruebas formales, a algunos magistrados de estar “influenciados por intereses extranjeros”. A la vez, elogió a los pocos jueces que disintieron y aseguró que continuará impulsando investigaciones bajo otras secciones de la Ley de Comercio para justificar futuros aranceles.
Por otro lado, el fallo fue ampliamente respaldado por grupos empresariales y defensores del libre comercio, que lo ven como una victoria para evitar la imposición unilateral de tasas que elevan los costos para consumidores y productores estadounidenses.
La decisión judicial y la contraofensiva de Trump pueden tener efectos significativos en los mercados globales. Tras el fallo, los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron al alza, en parte debido a las expectativas de un marco arancelario más moderado comparado con las medidas anteriores.
Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo se arbitrarán los ingresos ya recaudados por aranceles invalidado—que podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares—y si habrá reembolsos para importadores afectados.
El uso de diferentes secciones de la Ley de Comercio de 1974 (como las Secciones 301 y 232) y otras investigaciones anunciadas por la administración sugieren que Trump podría buscar vías alternas para mantener una agenda proteccionista sin perder legitimidad legal. No obstante, este rediseño de la política comercial estadounidense podría prolongarse en litigios y tensiones con socios comerciales clave.
Mientras tanto, economías como la de México han adoptado posturas de cautela ante las nuevas medidas, aunque los productos amparados por tratados como el T-MEC podrían estar exentos de los gravámenes temporales.
