La transformación digital está modificando la manera en que se desarrollan las operaciones de comercio internacional. La automatización de los procesos aduaneros, la gestión electrónica de documentos, las plataformas de seguimiento de mercancías y los sistemas de comunicación entre operadores logísticos han permitido agilizar las transacciones y mejorar la eficiencia de las cadenas globales de suministro. Sin embargo, esta evolución también ha generado una dependencia tecnológica que expone a las empresas y a las infraestructuras comerciales a nuevas amenazas.
Los ciberataques representan actualmente un riesgo que puede afectar mucho más que la información almacenada en los sistemas informáticos. Una intrusión en las plataformas de una naviera, un puerto o un operador de transporte puede provocar retrasos en las entregas, paralizar operaciones, comprometer datos comerciales y generar pérdidas económicas que se extienden a diferentes países. Por esta razón, la ciberseguridad en el comercio internacional ha dejado de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un factor estratégico de competitividad, continuidad operativa y seguridad económica.
Los análisis del Banco Mundial, la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Foro Económico Mundial coinciden en señalar que la protección de los ecosistemas digitales vinculados al comercio será determinante para garantizar la estabilidad de las operaciones internacionales durante los próximos años.
La expansión de las plataformas digitales ha multiplicado las conexiones entre empresas, instituciones públicas y proveedores de servicios internacionales. Actualmente, una operación de importación o exportación puede depender de numerosos sistemas que intercambian información sobre mercancías, pagos, documentación, transporte, seguros y procedimientos aduaneros.
Esta interconexión facilita las operaciones, pero también amplía los posibles puntos de exposición. Los delincuentes informáticos pueden aprovechar vulnerabilidades en sistemas empresariales, servicios tecnológicos externos o plataformas utilizadas por diferentes participantes de una misma cadena comercial.
Entre las amenazas más relevantes se encuentran los ataques de ransomware, mediante los cuales los responsables bloquean información o sistemas y exigen un pago para restablecer su disponibilidad; el robo de credenciales, la suplantación de identidad empresarial, el fraude en transferencias internacionales y el acceso no autorizado a información confidencial.
El impacto económico puede ser considerable. Además de los gastos relacionados con la recuperación de los sistemas, las empresas deben afrontar interrupciones operativas, penalizaciones contractuales, costos legales y posibles daños a su reputación comercial.
El Foro Económico Mundial, en su informe Global Cybersecurity Outlook 2026, identifica la inteligencia artificial, la fragmentación geopolítica y las vulnerabilidades de terceros como factores que están transformando el panorama de amenazas. El estudio señala que el 65 % de las grandes empresas considera que las vulnerabilidades de proveedores y cadenas de suministro constituyen su principal obstáculo para fortalecer la resiliencia cibernética.
El transporte marítimo constituye uno de los pilares del comercio internacional. Los puertos funcionan como puntos de conexión entre fabricantes, exportadores, importadores, navieras, operadores logísticos y autoridades gubernamentales. Su funcionamiento depende cada vez más de plataformas digitales que coordinan el movimiento de buques, contenedores, mercancías y documentación.
La incorporación de sistemas automatizados en terminales portuarias, herramientas de planificación logística y plataformas de intercambio electrónico de información ha mejorado la productividad. Sin embargo, también ha creado una mayor dependencia de las redes informáticas y de los sistemas de tecnología operacional que intervienen directamente en las actividades físicas de las instalaciones.
Un informe del Banco Mundial titulado Cybersecurity in Ports: Shifting from Risk to Resilience destaca que los puertos gestionan aproximadamente el 80 % de las mercancías comercializadas mundialmente en términos de volumen. El mismo análisis señala que el 61 % de las autoridades portuarias considera que los incidentes cibernéticos representan un riesgo elevado. Asimismo, recoge un costo promedio de aproximadamente 550.000 dólares por incidente cibernético marítimo registrado en 2023.
Estos indicadores muestran la dimensión económica de una amenaza que puede afectar a toda una red de transporte. Una interrupción tecnológica en una terminal puede retrasar la recepción y entrega de contenedores, alterar los itinerarios de los buques y generar congestión en otros puntos de la cadena logística.
La exposición no se limita a los sistemas administrativos. También comprende las tecnologías que intervienen en la gestión de terminales, el control de accesos, la coordinación de operaciones y la comunicación entre instalaciones portuarias y embarcaciones. Por ello, la protección de los entornos informáticos y operacionales debe abordarse de manera coordinada.
Las administraciones aduaneras están incorporando herramientas digitales para simplificar los procedimientos de importación y exportación. Las declaraciones electrónicas, los sistemas de ventanilla única, la gestión automatizada de documentos y el intercambio anticipado de información permiten reducir trámites y mejorar la trazabilidad de las mercancías.
No obstante, estos avances también convierten a las plataformas aduaneras en infraestructuras de especial importancia para el funcionamiento del comercio exterior. Una interrupción puede retrasar despachos, impedir la validación de documentos y generar acumulaciones de mercancías en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Otro aspecto sensible es la información que circula por estos sistemas. Los datos relacionados con declaraciones de importación, valores comerciales, proveedores, compradores, características de las mercancías y movimientos financieros pueden tener un importante valor económico y estratégico.
Su exposición puede facilitar fraudes, suplantaciones empresariales o la utilización indebida de información comercial confidencial. Por esta razón, las administraciones públicas y los operadores privados necesitan establecer mecanismos adecuados de protección de datos, control de accesos y continuidad de los servicios digitales.
La cooperación entre autoridades aduaneras, organismos de seguridad y empresas tecnológicas también resulta fundamental para reducir los riesgos asociados al intercambio internacional de información.
Las cadenas globales de suministro están integradas por numerosos participantes que dependen unos de otros para completar las operaciones comerciales. Una empresa exportadora puede utilizar servicios externos para almacenar información, gestionar documentos, contratar transporte, procesar pagos y coordinar entregas internacionales.
Esta dependencia introduce un riesgo que va más allá de la seguridad individual de cada organización. Si un proveedor tecnológico sufre un incidente, las consecuencias pueden extenderse a todos los clientes que utilizan sus servicios. Lo mismo ocurre cuando una plataforma de gestión logística conecta diferentes empresas mediante una infraestructura compartida.
El problema resulta especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas, que frecuentemente dependen de proveedores externos para acceder a herramientas de gestión, almacenamiento en la nube y servicios de comunicación empresarial. Aunque estas soluciones permiten reducir costos tecnológicos, también exigen evaluar las condiciones de seguridad de los servicios contratados.
El Foro Económico Mundial destaca que las organizaciones con mayor resiliencia suelen prestar especial atención a la seguridad de sus socios comerciales. En su informe de 2026, el organismo señala que el 74 % de las empresas con altos niveles de resiliencia evalúa la seguridad de sus proveedores, frente al 48 % de aquellas con capacidades insuficientes.
Este enfoque demuestra que la protección de la cadena logística requiere una visión integral. No basta con asegurar los sistemas internos de una compañía; también es necesario conocer las dependencias tecnológicas que intervienen en sus operaciones internacionales.
La inteligencia artificial está adquiriendo una importancia creciente en la protección de las operaciones comerciales. Sus aplicaciones permiten analizar grandes volúmenes de información, identificar comportamientos anómalos, detectar posibles fraudes y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes tecnológicos.
En el comercio exterior, estas herramientas pueden contribuir a identificar inconsistencias en documentos electrónicos, reconocer patrones inusuales en las transacciones y mejorar la supervisión de los sistemas logísticos. También permiten desarrollar modelos de análisis de riesgos para anticipar interrupciones operativas y priorizar medidas preventivas.
Sin embargo, la misma tecnología puede facilitar la creación de mensajes fraudulentos más convincentes, la suplantación de identidades y la automatización de determinadas actividades maliciosas. La generación de contenidos mediante inteligencia artificial también incrementa las dificultades para distinguir comunicaciones legítimas de intentos de engaño.
El Global Cybersecurity Outlook 2026 del Foro Económico Mundial señala que el 87 % de los participantes identificó las vulnerabilidades relacionadas con la inteligencia artificial como el riesgo cibernético de crecimiento más rápido durante 2025. Además, el 94 % considera que esta tecnología será uno de los principales factores de transformación de la ciberseguridad durante 2026.
Por tanto, la incorporación de inteligencia artificial en las empresas debe acompañarse de políticas de gobernanza, supervisión humana, protección de información y evaluación de riesgos. La innovación tecnológica solo puede generar beneficios sostenibles cuando se desarrolla bajo criterios adecuados de seguridad.
La Organización Marítima Internacional ha desarrollado un marco de orientación para que las compañías navieras y los actores del sector marítimo incorporen la gestión de riesgos cibernéticos a sus sistemas de seguridad y administración operativa.
En 2026, la OMI publicó la revisión MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 de sus Directrices sobre la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos. Estas recomendaciones buscan fortalecer la capacidad del sector para identificar amenazas, evaluar vulnerabilidades y mantener operaciones seguras frente a incidentes tecnológicos.
El planteamiento de la organización contempla cinco funciones fundamentales: identificar los activos y riesgos tecnológicos, proteger los sistemas relevantes, detectar incidentes, responder ante posibles interrupciones y recuperar las capacidades operativas afectadas.
La OMI también ha avanzado en la incorporación de medidas de ciberseguridad para los sistemas de ventanilla única marítima, plataformas digitales que permiten intercambiar información entre buques, autoridades portuarias y organismos gubernamentales. Los cambios aprobados por el Comité de Facilitación en 2026 serán presentados para su adopción en 2027 y tienen prevista su entrada en vigor el 1 de enero de 2029.
Este proceso representa un avance importante para la protección de la infraestructura digital marítima, ya que reconoce que la eficiencia de los procedimientos electrónicos debe estar acompañada de garantías de seguridad y continuidad operativa.
La prevención de incidentes cibernéticos requiere políticas organizacionales, procedimientos de control y mecanismos de supervisión que permitan proteger los activos tecnológicos de las empresas vinculadas al comercio internacional.
Entre los marcos de referencia destaca la norma ISO/IEC 27001, que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Su aplicación permite organizar la identificación de riesgos, establecer responsabilidades, definir controles y mantener procesos de mejora continua.
También resulta relevante el Marco de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), que proporciona una estructura para gestionar riesgos mediante actividades de gobierno, identificación, protección, detección, respuesta y recuperación.
En el sector marítimo, las directrices de la OMI y las recomendaciones de organizaciones portuarias internacionales complementan estos marcos con criterios adaptados a las características de las operaciones navieras y las terminales de carga.
Para las empresas de comercio exterior, la aplicación práctica de estas referencias debería contemplar la protección de la información comercial, la administración de permisos de acceso, la revisión de proveedores tecnológicos, la capacitación de los trabajadores y la existencia de planes de continuidad del negocio.
También es importante disponer de copias de seguridad verificadas, mecanismos de recuperación y procedimientos de comunicación para responder de forma coordinada ante incidentes que puedan afectar a las operaciones internacionales.
La tecnología no constituye la única dimensión de la ciberseguridad. El comportamiento de los trabajadores y la cultura organizacional también influyen directamente en el nivel de exposición de una empresa.
Muchos incidentes comienzan mediante mensajes fraudulentos, archivos adjuntos sospechosos o comunicaciones que imitan la identidad de clientes, proveedores y entidades financieras. En operaciones internacionales, estas situaciones pueden resultar especialmente delicadas porque las empresas mantienen una comunicación constante con interlocutores ubicados en diferentes países y zonas horarias.
La suplantación de proveedores constituye un riesgo importante para los departamentos de comercio exterior y finanzas. Un mensaje que aparenta proceder de un socio comercial puede solicitar cambios en los datos bancarios o modificaciones en las instrucciones de pago, generando transferencias hacia cuentas no autorizadas.
Por ello, las empresas deben establecer mecanismos independientes para verificar cambios en las instrucciones financieras, capacitar periódicamente a sus colaboradores y definir procedimientos para comunicar posibles incidentes. La formación debe incluir a los equipos administrativos, comerciales, logísticos, financieros y directivos.
Una cultura de prevención permite detectar situaciones anómalas con mayor rapidez y reducir las consecuencias de los errores humanos.
La expansión de las operaciones digitales exige que las empresas incorporen la seguridad informática dentro de sus presupuestos de inversión y planificación empresarial. Durante mucho tiempo, algunas organizaciones consideraron la ciberseguridad como un gasto asociado exclusivamente al departamento tecnológico. Sin embargo, los riesgos actuales demuestran que sus efectos pueden comprometer la rentabilidad y la continuidad de todo el negocio.
Una interrupción prolongada de los sistemas puede afectar la gestión de pedidos, la emisión de documentos, la coordinación del transporte y el cumplimiento de los plazos de entrega. En consecuencia, las inversiones preventivas deben evaluarse en función de los posibles costos operativos, financieros y comerciales que permitirían evitar.
El enfoque conocido como security by design, o seguridad desde el diseño, propone incorporar criterios de protección desde las primeras etapas de desarrollo e implementación de sistemas tecnológicos. De esta manera, las medidas de seguridad no se consideran una corrección posterior, sino una parte integral de la infraestructura digital.
La adopción de servicios tecnológicos también debe incluir evaluaciones de seguridad, condiciones contractuales claras, responsabilidades compartidas y garantías adecuadas sobre el tratamiento de la información.
Para las pequeñas y medianas empresas, una estrategia gradual basada en la identificación de los activos críticos, la protección de las cuentas corporativas, la capacitación y la continuidad operativa puede representar un punto de partida para fortalecer su capacidad de respuesta.
La seguridad digital está adquiriendo una importancia creciente en las decisiones de inversión y en la selección de socios comerciales. Las empresas que participan en cadenas internacionales necesitan confiar en que sus proveedores pueden proteger la información compartida y mantener sus operaciones ante posibles interrupciones.
Esta exigencia también influye en los procesos de nearshoring y diversificación de proveedores. Cuando las compañías buscan trasladar actividades productivas a nuevos destinos, no solo evalúan los costos laborales, la infraestructura y la ubicación geográfica. También consideran la estabilidad institucional, la conectividad, la protección de datos y la capacidad tecnológica del país receptor.
Los gobiernos que desarrollan estrategias nacionales de ciberseguridad, fortalecen sus infraestructuras digitales y mejoran la coordinación entre instituciones públicas y privadas pueden generar condiciones más favorables para atraer inversión extranjera.
En América Latina, este desafío adquiere especial importancia debido a la necesidad de ampliar la participación regional en las cadenas globales de valor. La modernización de los sistemas aduaneros, la protección de los puertos y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas pueden contribuir a mejorar la confianza de los operadores internacionales.
Además, las empresas exportadoras que demuestran una adecuada gestión de la seguridad de la información pueden responder mejor a los requisitos de sus clientes internacionales y reducir los riesgos asociados a la contratación de servicios y proveedores.
El avance de la digitalización continuará transformando las operaciones comerciales durante 2027. La incorporación de inteligencia artificial, la automatización portuaria, los sistemas de intercambio electrónico y la expansión de las plataformas de comercio exterior aumentarán la eficiencia, pero también exigirán mayores capacidades de protección.
Entre los principales desafíos estarán la seguridad de los proveedores tecnológicos, la protección de las infraestructuras portuarias, la prevención del fraude financiero, la actualización de los sistemas informáticos y la cooperación internacional frente a amenazas que no reconocen fronteras.
Otro aspecto determinante será reducir las diferencias de capacidad entre economías desarrolladas y países en desarrollo. La falta de profesionales especializados, los presupuestos tecnológicos limitados y la dependencia de servicios externos pueden dificultar la implementación de medidas adecuadas en empresas e instituciones de menor tamaño.
Por esta razón, será necesario impulsar programas de formación, cooperación técnica, intercambio de información y desarrollo de capacidades nacionales. La seguridad del comercio mundial depende de la fortaleza de todos los participantes, no únicamente de las grandes compañías o de las principales economías.
La ciberseguridad se ha convertido en una condición indispensable para el funcionamiento del comercio internacional. La creciente dependencia de plataformas digitales, sistemas logísticos conectados y procedimientos aduaneros electrónicos hace que cualquier incidente tecnológico pueda tener consecuencias económicas que superen las fronteras de una empresa o un país.
Los puertos, las navieras, las administraciones aduaneras y los proveedores tecnológicos forman parte de un ecosistema interdependiente que necesita mecanismos de protección coordinados. La aplicación de estándares internacionales, la capacitación del personal, la evaluación de terceros y la planificación de la continuidad operativa son elementos fundamentales para reducir los riesgos.
De cara a 2027, las empresas y los países que integren la ciberseguridad en sus estrategias de desarrollo estarán mejor preparados para responder a las amenazas digitales y aprovechar las oportunidades de la economía global. En un comercio cada vez más conectado, proteger la información, garantizar la continuidad de las operaciones y generar confianza tecnológica será tan importante como disponer de puertos eficientes, infraestructura logística y acuerdos comerciales competitivos.
