Disfrute de contenidos sin anuncios y otras funciones adquiriendo una membresía Premium.
¿Es operador de comercio internacional? registre ahora su empresa, únicamente necesita completar el siguiente formulario.
Revise las versiones premium y las versiones estandar disponibles para la visualización de su empresa.
Para más información puede comunicarse con nosotros en el siguiente enlace.
El Gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz‑Canel, ha aprobado una reforma económica histórica al autorizar la creación de asociaciones empresariales entre entidades estatales y privadas, una medida inédita en casi seis décadas. La decisión, oficializada mediante el Decreto‑Ley 114/2025, se inscribe en los intentos del régimen por revitalizar la economía y ampliar los espacios de participación del sector no estatal, aunque bajo estrictas condiciones de control estatal.
Publicado en la Gaceta Oficial, el Decreto‑Ley 114/2025 regula las “asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales”, posibilitando la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas entre empresas estatales, cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas. Estas entidades mixtas tendrán potestad para fijar precios, determinar salarios, abrir y gestionar establecimientos tanto dentro de Cuba como en el extranjero, así como importar y exportar conforme a la legislación vigente.
A diferencia de las restricciones que regían hasta ahora, estas asociaciones pueden establecer sus propias condiciones de operación; sin embargo, la autonomía empresarial está limitada por la necesidad de aprobación previa por parte del Ministerio de Economía y Planificación, manteniendo de esta manera una supervisión centralizada del Estado.
El anuncio de esta reforma se da en un contexto de enorme presión económica para la isla caribeña. Cuba enfrenta una crisis profunda marcada por la caída del turismo —una fuente clave de divisas—, el reforzamiento de las sanciones de Estados Unidos, y débil desempeño de sus empresas estatales.
La ampliación del espacio económico para los actores no estatales responde, según el gobierno, a la necesidad de “energizar” la economía nacional y hacerla más productiva, aunque analistas advierten que la supervisión persistente del Estado limita la verdadera libertad empresarial.
Este cambio radical se suma a otras reformas recientes, como la autorización en 2021 para la creación de mipymes privadas, permitiendo que particulares puedan constituir empresas con hasta 100 trabajadores en sectores definidos como no estratégicos.
Desde la apertura para la creación de mipymes, Cuba ha visto un crecimiento notable del sector no estatal. En 2025 se estimaba que alrededor de 9.900 empresas privadas operaban en la isla, representando aproximadamente el 15 % del producto interno bruto y empleando a más del 30 % de la fuerza laboral. Además, ese año las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, un indicador de la creciente importancia del comercio privado en la vida económica nacional.
Organizaciones especializadas y estudios recientes muestran que el empleo en el sector privado cubano ha ido en aumento, con estimaciones de cientos de miles de trabajadores afiliados a mipymes y actividades por cuenta propia, especialmente en sectores como alimentación, servicios y construcción.
Aunque la reforma es histórica, algunas áreas siguen siendo exclusivas del Estado. Actividades consideradas estratégicas como la salud pública, la educación, la defensa y sectores relacionados directamente con las instituciones armadas no están permitidas dentro de estas asociaciones. Las mipymes y las empresas mixtas tampoco pueden operar en ciertos servicios profesionales o industrias que el gobierno clasifica como sensibles.
Analistas económicos advierten que pese a la apertura formal, la verdadera autonomía de estos nuevos actores empresariales está condicionada por la intervención estatal. La necesidad de aprobación ministerial para las asociaciones, la sujeción a un sistema centralizado de asignación de moneda extranjera y la supervisión periódica hacen que el Estado mantenga un poder sustancial sobre las decisiones estratégicas de estas entidades.
Para muchos expertos, el cambio representa un intento de modernizar el modelo económico cubano sin perder el control político. Aunque ofrece nuevas oportunidades, también perpetúa la lógica centralizada de la economía cubana, donde la planificación estatal continúa dominando los sectores más decisivos.
El anuncio de las asociaciones público‑privadas coincide con la búsqueda de nuevos incentivos para atraer inversiones y facilitar el crecimiento económico. Por ejemplo, recientes discusiones entre Cuba y Rusia apuntan a posibles inversiones de miles de millones de dólares, con Moscú dispuesto a subsidiar créditos para empresas rusas interesadas en operar en la isla.
Si bien estos movimientos reflejan la necesidad de diversificar la economía cubana, muchos observadores señalan que los cambios legales deben acompañarse de reformas más amplias para que el sector privado pueda crecer de manera sostenible. Sin transformaciones estructurales profundas, la economía cubana corre el riesgo de permanecer en un modelo híbrido con control estatal dominante y libertades limitadas para los actores no estatales.
La autorización de asociaciones entre empresas estatales y privadas mediante el Decreto‑Ley 114/2025 representa un paso estratégico para dinamizar la economía cubana. Estas medidas buscan no solo estimular la actividad empresarial, sino también mejorar la eficiencia productiva y fortalecer la posición de Cuba en el comercio regional e internacional.
Al permitir que entidades estatales y privadas colaboren en sociedades mixtas, se generan incentivos para la inversión, tanto local como extranjera. Estas asociaciones permiten compartir recursos, tecnología y capital humano, reduciendo riesgos y fomentando la creación de empleos formales. Además, la posibilidad de determinar salarios y contratar libremente dentro de estas empresas mixtas contribuye a mejorar las condiciones laborales y atraer talento.
Las nuevas empresas mixtas pueden abrir establecimientos dentro y fuera de Cuba, lo que facilita la exportación de bienes y servicios y la entrada de divisas. Este movimiento permite diversificar la oferta exportable del país y mejorar la participación cubana en cadenas de valor regionales y globales, fortaleciendo su posición comercial frente a otros actores latinoamericanos.
La competencia entre empresas mixtas y privadas fomenta la innovación, la optimización de procesos y la mejora de la productividad. Al introducir prácticas de gestión más flexibles y un enfoque orientado al mercado, estas asociaciones potencian la eficiencia de los recursos, permitiendo que Cuba pueda competir de manera más efectiva con economías de la región en sectores clave como alimentos, servicios y turismo.
Estas medidas facilitan que más actores privados ingresen a la economía formal, ampliando la base tributaria y fortaleciendo el control estatal sobre la actividad económica. Esto ayuda a reducir la informalidad, mejorar la transparencia y crear un entorno empresarial más sólido, que puede atraer inversión extranjera directa de manera sostenible.
Las asociaciones público‑privadas permiten diversificar la economía más allá de los sectores tradicionales controlados por el Estado. Al fomentar la participación privada en actividades productivas, Cuba puede desarrollar nuevas industrias, modernizar procesos y aumentar su resiliencia económica frente a crisis internas o externas, mejorando su competitividad a largo plazo.
En conjunto, estas reformas representan un cambio significativo en la estrategia económica de Cuba: un paso hacia un modelo más dinámico, con mayor integración comercial y capacidad de competir en mercados regionales e internacionales.
