En 2025, un bloque bipartidista del Congreso de Estados Unidos, apoyado por poderosas asociaciones del sector energético, presentó una iniciativa que exige al gobierno de aquel país activar un panel de arbitraje contra México —invocando el T-MEC— por lo que consideran un trato preferencial a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las acusaciones apuntan a reformas recientes del sector energético mexicano que, según los demandantes, violan normas del tratado en materia de competencia, trato nacional y reglas para empresas estatales.
Favoritismo hacia Pemex y CFE: Se señala que las reformas legales y regulatorias de los últimos años han privilegiado a las empresas estatales en generación, suministro de gas y electricidad, limitando la competencia de empresas privadas, incluidas las estadounidenses.
Restricciones y barreras regulatorias: Empresas estadounidenses denuncian que permisos, licencias y operaciones en el sector energético se han vuelto más difíciles o desventajosas frente a los competidores estatales.
Violación a normas del T-MEC: En particular se alude al incumplimiento de los principios de “trato nacional” y trato no discriminatorio que debe garantizar el tratado cuando compañías estadounidenses compiten en mercados mexicanos.
La iniciativa presentada por legisladores republicanos y demócratas autoriza al presidente de EE. UU. a activar un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC —algo que empresas como las miembros del American Petroleum Institute (API) respaldan fuertemente—, lo que según sus promotores busca defender la competencia leal, los derechos de inversión y el acceso al mercado energético.
Este reclamo ha sido acompañado por otras organizaciones, como la Business Roundtable, cuyos miembros señalan que las reformas energéticas recientes de México también afectan otros sectores —como telecomunicaciones, transporte, infraestructura— planteando un llamado a revisar ampliamente el tratado.
Ante estas denuncias, el gobierno de México —a través de la Secretaría de Energía (Sener) — negó categóricamente que existan políticas discriminatorias hacia empresas extranjeras. Afirmó que el marco jurídico vigente respeta los compromisos del T-MEC y que las reformas energéticas buscan promover inversión, mediante contratos mixtos entre privados y el Estado, sin exclusión automática de actores extranjeros.
Además, la Sener aseguró que hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación formal de disputa o panel arbitral ante el mecanismo del T-MEC.
Las tensiones en el sector energético no son recientes. En 2022, representantes de EE. UU. iniciaron solicitudes de consultas bajo el tratado por reformas que priorizan a empresas estatales, argumentando que afectaban la inversión extranjera en generación y distribución eléctrica, así como en el transporte de gas. Esa disputa aún sigue pendiente de resolución.
El cambio regulatorio en 2024-2025 –con modificaciones constitucionales que redefinieron la naturaleza de Pemex y CFE como “empresas públicas”— intensificó las críticas: para Estados Unidos y asociaciones empresariales, estas medidas revierten la apertura del sector promovida en la década anterior y consolidan el control estatal, limitando el acceso a competidores extranjeros.
De prosperar el llamado arbitraje o abrirse un panel de disputa, podrían generarse consecuencias relevantes para el comercio regional y las inversiones:
Algunos de los escenarios más plausibles incluyen:
La exigencia de Estados Unidos y empresas de su sector energético para activar un arbitraje contra México bajo el T-MEC destaca un momento crítico: la tensión entre soberanía regulatoria, política energética nacional y los compromisos de libre comercio. El resultado de este conflicto podría marcar un precedente decisivo para la inversión extranjera, la competitividad energética regional y la credibilidad del T-MEC como marco de cooperación comercial.
Mientras tanto, México defiende su derecho a regular su energía bajo criterios propios, pero también deberá resolver la tensión entre esos objetivos y sus obligaciones internacionales. Lo que ocurra en los próximos meses será clave para definir no solo el futuro del sector energético mexicano, sino también el rumbo del comercio y la integración norteamericana.
