La relación entre Ecuador y China llega a una nueva etapa con varios asuntos económicos y estratégicos pendientes. El presidente Daniel Noboa tiene prevista una visita oficial a China durante el fin de semana del 15 de agosto de 2026, por invitación del presidente Xi Jinping, en un momento en que ambos países mantienen una relación comercial cada vez más importante.
La agenda bilateral no se limitaría a asuntos diplomáticos. Sobre la mesa están problemas que afectan directamente a las exportaciones ecuatorianas, proyectos de infraestructura y minería controlados por empresas chinas y la posibilidad de que Ecuador vuelva a recibir financiamiento de bancos de ese país.
Hay cuatro asuntos que podrían concentrar buena parte de las conversaciones: las restricciones al camarón ecuatoriano, el futuro de Coca Codo Sinclair y su operación por PowerChina, la renegociación de contratos de grandes proyectos mineros y los créditos de la banca china.
Uno de los temas más sensibles será el acceso del camarón ecuatoriano al mercado chino.
La Administración General de Aduanas de China (GACC) mantiene suspendidas a 14 empresas exportadoras ecuatorianas, según la Cámara Nacional de Acuacultura. Seis compañías fueron incorporadas a la lista de restricciones desde el 30 de junio de 2026, que se sumaron a otras ocho empresas suspendidas en procesos iniciados entre octubre de 2025 y enero de 2026.
Las medidas están relacionadas con controles sanitarios en los que China reportó problemas vinculados con residuos de metabisulfito de sodio y la detección del virus de la mancha blanca en determinados productos.
El conflicto tiene una importancia especial porque China es uno de los principales mercados para el camarón ecuatoriano. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones ecuatorianas de camarón alcanzaron USD 3.892 millones y China se mantuvo como el principal destino, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador.
El problema, por tanto, no implica que China haya cerrado por completo su mercado al camarón de Ecuador. Se trata de suspensiones que afectan a empresas específicas, mientras otras continúan exportando.
La Cámara Nacional de Acuacultura ha señalado que varias de las compañías afectadas ya entregaron información técnica solicitada por las autoridades chinas con el objetivo de conseguir el levantamiento de las restricciones.
Uno de los elementos que ha complicado las conversaciones es la metodología utilizada para determinar la presencia de metabisulfito de sodio.
Las autoridades ecuatorianas han explicado que existe una discusión técnica sobre la denominada “parte comestible” del camarón y sobre las zonas del crustáceo que deben ser consideradas para efectuar los análisis.
El cambio en los criterios de control puede tener consecuencias comerciales importantes, porque una metodología que incluya cabeza y caparazón puede producir resultados diferentes respecto de un análisis concentrado exclusivamente en la carne comestible.
Este será uno de los asuntos en los que Ecuador buscaría una solución con las autoridades comerciales y sanitarias de China.
El segundo gran asunto es Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica de Ecuador y una de las obras de infraestructura más importantes construidas con participación china.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) recibió oficialmente la central el 17 de abril de 2026, casi una década después de su inauguración. La planta tiene una capacidad máxima de 1.500 megavatios.
La recepción de la obra estuvo relacionada con la solución del conflicto que Ecuador mantenía con Sinohydro, empresa que construyó la central y que forma parte del grupo PowerChina.
Después de recibir la infraestructura, el Estado devolvió USD 98,9 millones en garantías a Sinohydro. Una garantía de aproximadamente USD 36 millones permanecía vinculada a los distribuidores de agua de la central, según información reportada por Celec.
Pero el asunto de fondo es quién operará y mantendrá la hidroeléctrica durante los próximos años.
El Gobierno ecuatoriano negocia un contrato para que PowerChina se encargue de la operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair durante 25 años.
El acuerdo inicialmente se había planteado con un valor de USD 60 millones anuales, pero después de las mesas técnicas la cifra habría bajado a USD 46 millones por año. Si el contrato finalmente se extiende durante los 25 años previstos, el costo para el Estado llegaría a USD 1.150 millones.
El Gobierno ha señalado que la firma podría concretarse hasta diciembre de 2026, pues todavía deben cerrarse aspectos económicos, financieros y jurídicos de la negociación.
El valor del contrato ha provocado cuestionamientos porque un informe de la consultora italiana Electroconsult, citado en el debate sobre la operación de la central, estimaba en alrededor de USD 18 millones anuales el costo de operación y mantenimiento.
La diferencia entre esa referencia histórica y los USD 46 millones planteados actualmente será uno de los elementos que deberá justificar el Estado antes de comprometer recursos públicos durante un cuarto de siglo.
Además, Coca Codo Sinclair sigue teniendo un problema técnico de fondo. La Contraloría identificó miles de fisuras en los distribuidores de la central, uno de los principales problemas que retrasó durante años la recepción definitiva de la obra.
Por eso, cualquier nuevo contrato deberá analizar no solo cuánto costará operar la central, sino también quién asumirá los riesgos, las reparaciones, las garantías y las responsabilidades técnicas sobre una infraestructura que ha estado en el centro de controversias durante años.
El tercer asunto conecta a Ecuador con una de las áreas en las que China ha incrementado su presencia: la minería.
Dos proyectos de cobre de gran escala tienen empresas de capital chino detrás y enfrentan negociaciones con el Gobierno ecuatoriano: Cascabel, en Imbabura, y Mirador II o Mirador Norte, en Zamora Chinchipe.
El proyecto Cascabel, considerado uno de los mayores desarrollos mineros de Ecuador, estaba en manos de SolGold. Sin embargo, Jiangxi Copper Company Limited completó en marzo de 2026 la adquisición de SolGold y pasó a controlar el proyecto.
La transacción convirtió a una compañía china en el nuevo actor principal detrás de Cascabel, un proyecto de cobre y oro ubicado en la provincia de Imbabura.
La operación es especialmente relevante para Ecuador porque Cascabel es uno de los proyectos llamados a convertirse en una fuente importante de inversión, producción minera y exportaciones durante las próximas décadas.
El Gobierno, sin embargo, busca modificar algunas condiciones del contrato de explotación firmado en 2024 con SolGold. El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, anunció en mayo de 2026 que el contrato sería renegociado porque, según el Ejecutivo, contenía disposiciones que debían revisarse para garantizar mejores condiciones para el Estado.
Entre los asuntos que se han mencionado en las negociaciones están las regalías anticipadas, el ajuste soberano y, especialmente, las condiciones relacionadas con el suministro eléctrico.
El Gobierno pretende que los grandes proyectos mineros dispongan de mecanismos de autogeneración para evitar que su operación dependa exclusivamente del sistema eléctrico nacional.
La razón es el déficit de generación que enfrenta Ecuador. Según declaraciones del entonces viceministro de Minas Guillermo Flores, cinco proyectos mineros próximos a entrar en producción demandarían conjuntamente unos 551 MW de potencia.
En el caso de Cascabel, la exigencia de contar con generación propia forma parte de los puntos que el Gobierno pretende incorporar mediante una adenda al contrato existente.
La segunda fase de Mirador enfrenta un problema similar.
Ecuacorriente, empresa de capitales chinos y operadora de la mina Mirador, debía avanzar con la ampliación que incluye el desarrollo de Mirador Norte. El proyecto contemplaba aumentar significativamente la capacidad de procesamiento y requería una inversión estimada en alrededor de USD 650 millones.
Sin embargo, la entrada en operación se retrasó debido, entre otros factores, a la falta de un acuerdo sobre el esquema de generación eléctrica que deberá garantizar la empresa.
Las necesidades energéticas de Ecuacorriente aumentarían considerablemente con la ampliación. El Gobierno ha insistido en que la minera debe disponer de generación suficiente para cubrir la demanda de la operación.
En julio de 2026, el Ejecutivo señalaba que buscaba destrabar la negociación durante el año y que una alternativa contemplaba la construcción de una central hidroeléctrica para abastecer el proyecto.
El problema es estratégico: Ecuador quiere atraer inversiones mineras por miles de millones de dólares, pero al mismo tiempo debe resolver de dónde saldrá la electricidad necesaria para que esas inversiones puedan operar.
El cuarto punto tiene que ver directamente con las finanzas públicas.
La proforma presupuestaria de 2026 contempló la posibilidad de recibir USD 764 millones en desembolsos de bancos chinos.
De ese total, unos USD 420 millones corresponderían a Eximbank de China y otros USD 344,05 millones al China Development Bank (CDB). Los recursos estarían vinculados a proyectos específicos de inversión.
La cifra es relevante porque Ecuador necesita fuentes de financiamiento para cubrir sus necesidades fiscales y de inversión. Sin embargo, que los recursos estén contemplados en la proforma no significa necesariamente que todos los desembolsos se hayan concretado en las condiciones originalmente previstas.
Para Ecuador, obtener financiamiento externo puede ser positivo si permite cubrir necesidades presupuestarias o ejecutar proyectos productivos. Pero el costo de esos recursos es determinante.
Los préstamos de bancos chinos otorgados a Ecuador en años anteriores estuvieron asociados, en algunos casos, a proyectos específicos y a empresas de origen chino. Ese modelo generó cuestionamientos por las condiciones financieras y por la transparencia de determinados acuerdos.
Por eso, cualquier nuevo financiamiento debería analizarse considerando la tasa de interés, plazo, período de gracia, garantías, condiciones de desembolso, destino de los recursos y eventuales compromisos de contratación.
El costo también debe compararse con otras alternativas disponibles para Ecuador, como la emisión de bonos en los mercados internacionales o los créditos de organismos multilaterales.
Los cuatro temas adquieren mayor relevancia porque la relación económica entre ambos países ha aumentado de manera considerable.
Entre enero y abril de 2026, China fue el segundo destino de las exportaciones totales de Ecuador, con USD 2.340,1 millones y una participación de 18,6 %. En comparación con el mismo período de 2025, las exportaciones hacia China crecieron 39,3 %.
En el segmento no petrolero, China fue todavía más relevante: concentró el 24,4 % de las exportaciones ecuatorianas entre enero y abril, con USD 2.340 millones. El camarón representó el 52,2 % de las ventas no petroleras ecuatorianas hacia ese mercado, mientras los concentrados de plomo y cobre aportaron otro 31,4 %.
Pero la relación funciona en ambas direcciones. China también es el principal proveedor de importaciones no petroleras para Ecuador. Entre enero y abril de 2026, las compras ecuatorianas de productos no petroleros provenientes de China alcanzaron USD 2.929,4 millones, equivalentes al 35,2 % de ese tipo de importaciones.
Esto significa que cualquier cambio en la relación bilateral puede tener efectos sobre exportadores, importadores, empresas mineras, infraestructura y las finanzas públicas.
La relación Ecuador-China ha evolucionado desde el intercambio de bienes hacia una agenda que incluye infraestructura, energía, minería, financiamiento y cooperación política.
La visita de Noboa ocurre, además, después de su encuentro con Xi Jinping en China en junio de 2025, cuando ambos gobiernos destacaron el carácter estratégico de la relación bilateral.
Ahora el contexto es diferente. Ecuador necesita resolver problemas concretos con empresas y autoridades chinas, mientras Pekín tiene una presencia cada vez mayor en sectores considerados estratégicos para la economía ecuatoriana.
Aunque el camarón, Coca Codo Sinclair, la minería y los créditos parezcan asuntos independientes, existe un elemento que los conecta: la relación económica de largo plazo entre Ecuador y China.
El camarón representa el acceso de Ecuador al gigantesco mercado chino. Coca Codo Sinclair representa el legado de la infraestructura construida por empresas chinas. Cascabel y Mirador muestran la nueva etapa de participación china en la minería ecuatoriana. Y los créditos representan la posibilidad de que la banca china vuelva a ocupar un papel importante en el financiamiento del Estado.
Para Ecuador, el desafío será negociar mejores condiciones sin reducir el acceso a inversión, comercio y financiamiento.
En el caso del camarón, el objetivo será conseguir reglas sanitarias claras que permitan recuperar a las empresas suspendidas el acceso al mercado. En Coca Codo Sinclair, el punto central será determinar si el costo y las condiciones del contrato con PowerChina son convenientes para el Estado. En minería, las adendas deberán equilibrar las exigencias del Gobierno con la viabilidad de proyectos que requieren inversiones multimillonarias. Y en materia financiera, cualquier préstamo deberá evaluarse por su costo y sus condiciones.
La visita de Daniel Noboa a China ocurre en un momento en el que el país asiático tiene un peso creciente en la economía ecuatoriana.
China ya es un mercado fundamental para el camarón y otros productos de exportación, uno de los principales proveedores de bienes para Ecuador y un actor relevante en proyectos de infraestructura y minería.
Por eso, las conversaciones de agosto podrían tener consecuencias que vayan mucho más allá de una agenda diplomática.
Si Ecuador consigue resolver las restricciones al camarón, destrabar los proyectos mineros, definir un esquema sostenible para Coca Codo Sinclair y acceder a financiamiento en condiciones favorables, la relación bilateral podría abrir nuevas oportunidades de inversión y comercio.
Pero si las negociaciones dejan pendientes los costos, garantías, obligaciones y condiciones de esos acuerdos, el país podría asumir compromisos de largo plazo que tendrán impacto sobre las finanzas públicas y sectores estratégicos.
La visita, en ese sentido, será una oportunidad para medir cómo el Gobierno de Noboa pretende administrar una relación que cada vez tiene mayor peso en el comercio, la energía, la minería y el financiamiento de Ecuador.
