Colombia tiene condiciones naturales, experiencia productiva y una oferta agrícola con reconocimiento internacional para ampliar su participación en el comercio mundial. Sin embargo, detrás del potencial exportador del campo persisten dificultades que afectan la rentabilidad de las empresas, encarecen el transporte, limitan la inversión y ponen en riesgo miles de empleos rurales.
La revaluación del peso frente al dólar, los problemas de infraestructura, las dificultades de acceso a los puertos, la inseguridad y la falta de coordinación institucional conforman un conjunto de obstáculos que preocupa a los principales gremios agroexportadores del país. Las industrias de flores, banano y azúcar coinciden en que abrir nuevos mercados no es suficiente si Colombia no consigue producir, transportar y comercializar sus productos bajo condiciones competitivas.
La discusión adquiere mayor relevancia después de los resultados comerciales de 2025. De acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Agricultura con base en información del DANE, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales alcanzaron los US$15.317 millones, un crecimiento del 33,5 % frente al año anterior. En volumen, los despachos llegaron a 6,88 millones de toneladas, con un incremento del 20,1 %.
Estos resultados reflejan la capacidad del campo colombiano para generar divisas y ampliar su presencia internacional. No obstante, el crecimiento de las ventas externas también plantea una pregunta fundamental: ¿puede el país sostener y ampliar ese desempeño si no resuelve los problemas estructurales que afectan su competitividad?
Los representantes de Asocolflores, Augura y Asocaña han identificado dificultades que, aunque tienen impactos diferentes en cada actividad, terminan afectando el mismo objetivo: consolidar una agroindustria capaz de competir de manera sostenible en los mercados internacionales.
Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, destacó que los productos agrícolas tienen una participación relevante en las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Sin embargo, señaló que uno de los principales retos consiste en ampliar la base exportadora, incorporar nuevas empresas y conseguir que más productos nacionales encuentren oportunidades comerciales estables.
La industria floricultora constituye uno de los ejemplos más representativos de esa capacidad exportadora. Colombia vende flores al exterior por cerca de US$2.400 millones anuales, ocupa el segundo lugar entre los exportadores mundiales y mantiene una posición destacada en el abastecimiento del mercado estadounidense.
Su desarrollo no depende exclusivamente de las condiciones climáticas o de la calidad de los cultivos. También responde a una transformación comercial que permitió pasar de la venta ocasional de productos a la construcción de relaciones permanentes con grandes cadenas de supermercados y distribuidores internacionales.
Este modelo exige planificación de la producción, cumplimiento de temporadas, calidad uniforme, entregas oportunas y conocimiento de las preferencias del consumidor. En consecuencia, la competitividad de las flores colombianas depende tanto de su capacidad productiva como de la eficiencia de toda la cadena logística.
Desde el sector bananero, Emerson Aguirre, presidente de Augura, planteó que la diversificación comercial debe evaluarse por los resultados económicos que representa para los productores y exportadores. En su opinión, conseguir acceso sanitario o comercial a un nuevo país no garantiza que ese destino sea rentable.
El dirigente sostuvo que un mercado debe ofrecer condiciones para vender de manera recurrente, alcanzar volúmenes suficientes y competir frente a otros proveedores. Esta perspectiva pone el foco sobre un aspecto fundamental del comercio exterior: no basta con llegar a un destino, también es necesario contar con una estructura de costos que permita permanecer en él.
El banano colombiano genera alrededor de US$1.300 millones anuales en exportaciones, con Europa como uno de sus principales mercados. Según las cifras presentadas por Augura, ese continente concentra aproximadamente el 64 % de las ventas, seguido por Reino Unido y Estados Unidos.
La experiencia de Colombia en China ilustra las dificultades de algunos destinos lejanos. Aguirre explicó que la operación comercial terminó siendo poco conveniente por los tiempos de transporte marítimo, que pueden acercarse a los 60 días, y por los costos asociados al recorrido.
Los largos trayectos incrementan las exigencias de conservación, reducen los márgenes comerciales y elevan el riesgo de deterioro de la fruta. Por eso, el sector considera que la estrategia de internacionalización debe contemplar variables como distancia, infraestructura portuaria, disponibilidad de contenedores, tiempos de tránsito y capacidad de distribución.
La experiencia demuestra que la diversificación exportadora no debe medirse únicamente por el número de países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales, sino por la capacidad de generar negocios sostenibles en esos mercados.
Uno de los problemas que más preocupa a los gremios es la dificultad para movilizar mercancías desde las zonas de producción hasta los principales puntos de salida del país. Las deficiencias viales, los problemas de acceso a los puertos y la limitada integración de los diferentes medios de transporte incrementan los costos y afectan la confiabilidad de las operaciones.
Para la floricultura, la eficiencia aeroportuaria es especialmente importante. Laura Valdivieso recordó que las flores representan aproximadamente el 80 % de la carga de exportación movilizada por el aeropuerto El Dorado. El porcentaje restante incluye productos como limón Tahití, aguacate Hass, tilapia fresca y hortalizas.
Esta concentración convierte la operación aeroportuaria en un componente estratégico para diferentes cadenas agrícolas. La disponibilidad de capacidad de carga, los tiempos de inspección, la conservación de productos perecederos y la coordinación entre operadores logísticos pueden determinar el cumplimiento de los compromisos comerciales.
En el Pacífico colombiano, las dificultades se concentran especialmente en los accesos a Buenaventura. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, advirtió que las restricciones que afectan el ingreso de vehículos de carga generan interrupciones en el flujo de mercancías y dificultan la operación portuaria.
La dirigente señaló que los tiempos de espera y las limitaciones de movilidad pueden superar las seis horas, una situación que afecta la llegada oportuna de los productos al puerto y compromete la eficiencia de las operaciones de comercio exterior.
Desde Asocaña se ha insistido en la necesidad de concluir las obras pendientes en el corredor de Buenaventura y fortalecer la conexión entre el transporte terrestre, ferroviario y marítimo. El desarrollo de un sistema multimodal permitiría reducir la dependencia de las carreteras, mejorar los tiempos de desplazamiento y ofrecer alternativas para movilizar mayores volúmenes de mercancías.
Este desafío no afecta exclusivamente al azúcar. También tiene implicaciones para otros productos agrícolas e industriales que utilizan el puerto para llegar a sus compradores internacionales. Por ello, mejorar la infraestructura logística constituye una condición transversal para el crecimiento exportador colombiano.
Otro de los factores que genera preocupación es el comportamiento de la tasa de cambio. Para las empresas que reciben sus ingresos en dólares y asumen buena parte de sus costos en pesos, una apreciación de la moneda colombiana puede reducir el valor de los recursos que reciben al convertir sus ventas internacionales a moneda local.
El efecto es especialmente importante en actividades que tienen elevados costos laborales y operativos dentro del territorio nacional. Aunque algunos insumos importados pueden resultar más económicos cuando el peso se fortalece, los ingresos de exportación también pierden valor en términos de moneda local.
Emerson Aguirre advirtió que esta situación puede deteriorar la productividad y la rentabilidad de las empresas bananeras, además de reducir su capacidad para competir con productores de otros países.
El impacto trasciende los resultados financieros de las compañías. En regiones donde una actividad agrícola concentra buena parte de la generación de empleo y del movimiento económico, una reducción de los márgenes puede traducirse en menores inversiones, ajustes operativos y dificultades para sostener los puestos de trabajo.
El presidente de Augura mencionó el caso de Urabá, donde varios municipios tienen una importante dependencia económica de la actividad bananera. Según sus declaraciones, alrededor del 65 % de la economía de cuatro municipios está vinculada a este sector, por lo que una pérdida de competitividad tendría consecuencias sobre el empleo y la actividad comercial regional.
Claudia Calero también planteó la necesidad de analizar el efecto de la tasa de cambio sobre los exportadores y de incorporar esta discusión en las políticas relacionadas con la competitividad nacional. Sin embargo, la respuesta no depende exclusivamente de la intervención cambiaria: también requiere mejorar la productividad, reducir costos logísticos, facilitar el acceso al crédito y fortalecer la capacidad de adaptación empresarial.
La competitividad agroexportadora también está relacionada con las condiciones de seguridad en las zonas rurales. Para los gremios, los problemas de orden público, las amenazas contra trabajadores y empresarios y la incertidumbre sobre la protección de las actividades productivas afectan la continuidad de las operaciones y las decisiones de inversión.
Claudia Calero manifestó que la seguridad física y jurídica debe formar parte de las condiciones básicas para desarrollar una industria agrícola orientada a los mercados internacionales.
La preocupación tiene antecedentes concretos. La presidenta de Asocaña informó que durante el primer semestre del año al que corresponden sus declaraciones, el sector agroindustrial de la caña registró seis trabajadores secuestrados, seis heridos y dos fallecidos. Estas cifras, atribuidas a la dirigente gremial, reflejan los riesgos que enfrenta la actividad productiva en determinadas zonas.
Además de la seguridad personal, las empresas necesitan reglas estables para planificar inversiones que requieren grandes cantidades de capital y periodos prolongados de recuperación. Los proyectos agrícolas de largo plazo dependen de la disponibilidad de tierras, infraestructura, agua, energía, financiación y condiciones regulatorias previsibles.
La Orinoquía es una de las regiones mencionadas por su potencial para ampliar la frontera agrícola y desarrollar nuevos proyectos productivos. Sin embargo, aprovechar esas oportunidades requiere estudios técnicos, conectividad, seguridad jurídica y señales claras sobre las políticas públicas que acompañarán el desarrollo regional.
La apertura de mercados representa otro componente esencial de la estrategia agroexportadora. Para que un producto agrícola pueda ingresar a un país, no siempre es suficiente contar con un tratado comercial o con condiciones arancelarias favorables. También debe cumplir los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos por las autoridades del destino.
Laura Valdivieso señaló que Colombia necesita fortalecer la coordinación entre los ministerios y las entidades responsables de la sanidad agropecuaria para avanzar en los procesos de admisibilidad. La experiencia acumulada con diferentes productos puede facilitar la apertura de nuevas oportunidades, siempre que exista continuidad técnica y capacidad institucional.
Este trabajo incluye negociaciones sanitarias, protocolos de exportación, certificaciones, vigilancia de plagas y enfermedades, trazabilidad y controles de calidad. La rapidez con la que se desarrollen estos procesos puede marcar diferencias frente a países competidores que buscan posicionar productos similares.
Desde Augura también se ha planteado que la diplomacia comercial debe acompañar de manera más activa a los empresarios. Las compañías pueden identificar compradores, negociar contratos y desarrollar estrategias de distribución, pero la solución de determinadas barreras depende de acuerdos entre gobiernos y autoridades internacionales.
En este escenario, Asia aparece como una región con oportunidades que Colombia necesita explorar con mayor profundidad. Sin embargo, llegar a esos mercados exige estudiar la demanda, evaluar los costos de transporte, desarrollar relaciones comerciales y garantizar que las condiciones sanitarias permitan mantener operaciones permanentes.
La sostenibilidad también está adquiriendo mayor importancia en las relaciones comerciales. Los compradores internacionales y las autoridades de diferentes mercados están incorporando requisitos relacionados con la trazabilidad, las emisiones, el uso de recursos naturales y el impacto ambiental de las cadenas productivas.
En el caso europeo, uno de los cambios regulatorios relevantes es el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, conocido como EUDR. Esta normativa contempla materias primas como café, cacao, soja, aceite de palma, ganado bovino, madera y caucho, además de determinados productos derivados.
La regulación exige demostrar que los productos incluidos en su ámbito de aplicación cumplen los requisitos de origen y no están asociados con deforestación o degradación forestal después de la fecha de corte establecida. También contempla obligaciones de trazabilidad y diligencia debida para los operadores correspondientes.
Con la modificación normativa aprobada en diciembre de 2025, las principales obligaciones tienen como fecha de aplicación general el 30 de diciembre de 2026, mientras que para los micro y pequeños operadores contemplados en la disposición el plazo llega al 30 de junio de 2027. Por ello, los exportadores colombianos vinculados a las cadenas afectadas deben revisar sus sistemas de información y preparación documental.
Es importante precisar que esta regulación no se aplica indistintamente a todos los productos agroexportadores. Las flores, el banano y el azúcar no forman parte, por sí mismos, de las materias primas contempladas en el listado principal del EUDR. Sin embargo, los cambios ambientales y de trazabilidad sí forman parte de una transformación más amplia de las condiciones de acceso a los mercados internacionales.
Para las empresas agrícolas, anticiparse a estos requisitos puede representar una ventaja comercial. Contar con información confiable sobre el origen de los productos, los procesos de producción y el cumplimiento ambiental permite responder a las exigencias de compradores y autoridades.
El desempeño comercial de 2025 demuestra que el sector agropecuario tiene capacidad para ampliar su participación en las ventas internacionales de Colombia. Según el Ministerio de Agricultura, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales sumaron US$15.317 millones, frente a un volumen de 6,88 millones de toneladas.
El crecimiento estuvo impulsado especialmente por el café, cuyas exportaciones aumentaron 68,2 % en valor; el aceite de palma y palmiste, con un incremento del 80,9 %, y el banano, que registró un crecimiento del 24,6 %, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas para el periodo.
Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportó que las exportaciones de productos agropecuarios dentro de la canasta no minero-energética alcanzaron US$11.297,7 millones en 2025, con un crecimiento del 34,4 %. En ese grupo también se destacaron el banano, las flores y el aguacate Hass.
Estas cifras utilizan agrupaciones estadísticas diferentes, por lo que no deben sumarse entre sí. En conjunto, muestran la relevancia creciente de los productos agrícolas en la diversificación de las exportaciones colombianas.
Estados Unidos continúa siendo un destino fundamental para los bienes no minero-energéticos del país. No obstante, ampliar la presencia en Europa, Asia y otros mercados requiere una estrategia que combine promoción comercial, admisibilidad sanitaria, capacidad productiva y eficiencia logística.
Las preocupaciones expresadas por Asocolflores, Augura y Asocaña reflejan un diagnóstico compartido: Colombia tiene productos con reconocimiento internacional y posibilidades de crecimiento, pero necesita resolver dificultades internas que limitan su capacidad de competir.
La infraestructura, la tasa de cambio, la seguridad, la estabilidad jurídica y la coordinación institucional no son asuntos aislados. Todos inciden en los costos de producción, los tiempos de entrega, las decisiones de inversión y la posibilidad de establecer relaciones comerciales duraderas.
El crecimiento de las agroexportaciones también dependerá de la capacidad para incorporar más empresas, fortalecer a los pequeños y medianos productores, mejorar la productividad rural y generar valor agregado. No se trata solamente de exportar mayores cantidades de materias primas, sino de desarrollar cadenas capaces de ofrecer calidad, transformación, trazabilidad y continuidad a los compradores internacionales.
Los resultados de 2025 ofrecen una señal del potencial que tiene el campo colombiano. El desafío consiste ahora en construir las condiciones para que ese crecimiento no dependa únicamente de los precios internacionales o de circunstancias favorables de mercado, sino de una estructura productiva y logística más eficiente.
Para los gremios agroexportadores, el camino pasa por una mayor articulación entre el Estado y el sector privado. La apertura de mercados, las inversiones en infraestructura, la seguridad rural y la estabilidad de las reglas económicas serán determinantes para que las flores, el banano, el azúcar y otros productos agrícolas consoliden su presencia internacional y generen más oportunidades de empleo y desarrollo en el campo colombiano.
