Colombia puso en marcha una serie de modificaciones a su régimen arancelario que afectan directamente a las importaciones de vehículos, motocicletas y materiales de construcción. Las medidas, impulsadas por el Gobierno a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establecen gravámenes de hasta el 40% para determinados automóviles de combustión, del 35% para motocicletas y del 25% para baldosas cerámicas.
Los cambios forman parte de la estrategia gubernamental de reindustrialización, cuyo propósito es fortalecer la producción nacional, mejorar la competitividad de las empresas manufactureras y reducir la dependencia de determinados productos importados.
La modificación normativa se desarrolla mediante dos disposiciones diferentes: el Decreto 1432 de diciembre de 2025, que regula los aranceles para vehículos y motocicletas con motores de gasolina o diésel, y el Decreto 0265 de marzo de 2026, que establece nuevas tarifas para determinadas categorías de baldosas cerámicas.
Las decisiones tienen implicaciones para importadores, distribuidores, fabricantes y consumidores, especialmente por el posible efecto que los mayores costes de nacionalización podrían tener sobre los precios y la disponibilidad de productos en el mercado colombiano.
Uno de los cambios más relevantes corresponde al sector automotor. Mediante el Decreto 1432 del 24 de diciembre de 2025, el Gobierno colombiano modificó parcialmente el Arancel de Aduanas Nacionales para establecer un gravamen del 40% sobre determinadas importaciones de vehículos propulsados por motores de combustión interna, tanto de gasolina como diésel.
La disposición modifica el Decreto 1881 de 2021 e incluye 13 subpartidas arancelarias pertenecientes a la partida 8703, relacionadas con vehículos destinados principalmente al transporte de personas.
Entre las categorías comprendidas se encuentran diferentes automóviles con motores de encendido por chispa y motores diésel, clasificados de acuerdo con su cilindrada y características técnicas.
| Tarifa arancelaria | Subpartida arancelaria |
|---|---|
| 40 % | 8703.21.00.90 |
| 8703.22.10.90 | |
| 8703.22.90.90 | |
| 8703.23.10.90 | |
| 8703.23.90.90 | |
| 8703.24.10.90 | |
| 8703.24.90.90 | |
| 8703.31.10.00 | |
| 8703.31.90.00 | |
| 8703.32.10.00 | |
| 8703.32.90.00 | |
| 8703.33.10.00 | |
| 8703.33.90.00 |
El decreto entró en vigor después de su publicación en diciembre de 2025, por lo que el nuevo tratamiento arancelario comenzó a aplicarse en enero de 2026.
La modificación también alcanza al mercado de motocicletas. El Decreto 1432 establece un gravamen del 35% para determinadas importaciones de vehículos de dos y tres ruedas propulsados por motores de gasolina o diésel.
En este caso, la disposición comprende cinco subpartidas correspondientes a la partida 8711, que agrupa diferentes tipos de motocicletas según sus características y cilindrada.
| Tarifa arancelaria | Subpartida arancelaria |
|---|---|
| 35% | 8711.10.00.00 |
| 8711.20.00.00 | |
| 8711.30.00.00 | |
| 8711.40.00.00 | |
| 8711.50.00.00 |
La medida representa un cambio importante para el comercio de motocicletas importadas, un segmento con una presencia significativa en la movilidad cotidiana y en las actividades económicas de Colombia.
El posible encarecimiento de las unidades importadas podría trasladarse a los precios de venta, dependiendo del origen de los vehículos, las condiciones comerciales y la capacidad de los distribuidores para absorber parte de los costes adicionales.
También podría modificar las estrategias de comercialización de las marcas internacionales, que tendrían que evaluar sus estructuras de abastecimiento, sus precios y las alternativas de producción o ensamblaje disponibles en el país.
El Gobierno colombiano ha vinculado los cambios arancelarios con su estrategia de reindustrialización y transformación productiva. En el sector automotor, el objetivo es favorecer el desarrollo de capacidades industriales nacionales y avanzar hacia una estructura productiva con mayor participación de tecnologías limpias.
La política busca generar condiciones para fortalecer el ensamblaje local, ampliar la participación de proveedores de autopartes y estimular inversiones relacionadas con la fabricación y comercialización de vehículos.
El enfoque también se relaciona con los objetivos de transición energética, considerando que la transformación de la movilidad exige desarrollar nuevas capacidades industriales, tecnológicas y de infraestructura.
No obstante, el efecto de los aranceles sobre la producción nacional dependerá de la capacidad de las empresas colombianas para responder a una eventual sustitución de importaciones. La disponibilidad de componentes, la inversión, la tecnología y las economías de escala serán factores determinantes.
Por otra parte, un incremento de los costes de importación no garantiza automáticamente un crecimiento de la producción local. Para que esto ocurra será necesario que la industria pueda ofrecer productos competitivos en precio, calidad y disponibilidad.
Uno de los efectos que concentra la atención del mercado es la posible repercusión de los nuevos aranceles sobre los precios finales de los automóviles y las motocicletas.
El gravamen aduanero se calcula sobre el valor en aduana de la mercancía, que generalmente considera el valor de la operación, el transporte y el seguro hasta el punto correspondiente. A este importe se incorporan los demás tributos que correspondan según la normativa colombiana.
Por tanto, un arancel más elevado puede incrementar el coste de nacionalización de un vehículo y generar presiones sobre el precio que finalmente paga el comprador.
Sin embargo, el impacto no será necesariamente idéntico para todas las marcas y modelos. Las condiciones de origen, los acuerdos comerciales, los inventarios disponibles, los márgenes de distribución y las estrategias de precios pueden producir diferencias importantes.
En el mercado de motocicletas, las consecuencias también podrían alcanzar a los distribuidores y establecimientos comerciales que dependen de unidades importadas para abastecer la demanda.
El sector de materiales de construcción enfrenta una segunda modificación arancelaria. A través del Decreto 0265 del 16 de marzo de 2026, el Gobierno estableció un gravamen del 25% para determinadas importaciones de baldosas cerámicas destinadas a pavimentación y revestimiento.
La disposición comprende tres subpartidas arancelarias:
| Tarifa arancelaria | Subpartida arancelaria | Descripción |
|---|---|---|
| 25 % | 6907.21.00.00 | baldosas cerámicas con un coeficiente de absorción de agua inferior o igual al 0,5% en peso. |
| 6907.22.00.00 | baldosas con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5%, pero inferior o igual al 10% en peso. | |
| 6907.23.00.00 | baldosas con un coeficiente de absorción de agua superior al 10% en peso. |
La nueva tarifa comenzó a regir el 1 de abril de 2026 y tendrá una vigencia de dos años. Además, la normativa contempla una revisión por parte del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior una vez cumplido el primer año de aplicación.
La decisión responde, entre otros factores, al comportamiento creciente de las importaciones de estos productos procedentes de países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio vigentes.
Según los antecedentes técnicos de la medida, el incremento de las compras externas generó preocupación por sus posibles efectos sobre la producción nacional, la competitividad empresarial y el empleo en la industria cerámica.
El sector de baldosas cerámicas mantiene una relación directa con actividades como la construcción, la infraestructura, la vivienda y la remodelación de espacios comerciales y residenciales.
Por esta razón, la producción nacional tiene importancia no solamente por su participación en la industria manufacturera, sino también por los encadenamientos económicos que genera a través de proveedores de materias primas, energía, transporte, distribución y comercialización.
La aplicación del arancel del 25% busca establecer condiciones de competencia para los fabricantes colombianos frente a productos importados que, según los argumentos expuestos durante el proceso normativo, han incrementado su presencia en el mercado nacional.
El Gobierno también considera que el fortalecimiento de esta actividad puede contribuir a mantener puestos de trabajo y aprovechar la capacidad productiva instalada en el país.
Sin embargo, el efecto sobre la industria de la construcción dependerá de cómo evolucionen los precios de los materiales y de la capacidad de los fabricantes locales para responder a la demanda en términos de volumen, calidad y variedad.
Uno de los aspectos más importantes de las modificaciones es que los porcentajes establecidos no deben interpretarse como tarifas automáticas para todas las mercancías, independientemente de su procedencia.
Colombia mantiene acuerdos comerciales con diferentes países y bloques económicos que establecen preferencias arancelarias para determinados productos, siempre que se cumplan las condiciones de origen y los requisitos previstos en cada tratado.
De hecho, tanto el Decreto 1432 como el Decreto 0265 establecen que las medidas deben aplicarse sin perjuicio de los compromisos contenidos en los tratados, convenios y acuerdos internacionales vigentes para Colombia.
Esto significa que el tratamiento efectivo de una importación puede variar dependiendo del país de origen, la clasificación arancelaria y las preferencias comerciales disponibles.
Para los importadores, resulta fundamental verificar la subpartida correspondiente y consultar las condiciones aplicables en el sistema aduanero de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) antes de realizar una operación comercial.
El incremento de los aranceles puede modificar los flujos comerciales de los sectores afectados. Una mayor carga sobre determinados productos importados podría incentivar la búsqueda de proveedores alternativos, favorecer el abastecimiento nacional o modificar las decisiones de compra de las empresas.
En el sector automotor, los importadores podrían revisar sus estrategias comerciales y evaluar una mayor diversificación de los mercados de abastecimiento. Los fabricantes y ensambladores locales, por su parte, podrían encontrar nuevas oportunidades si logran responder a las necesidades del mercado.
En la industria cerámica, el cambio podría favorecer a los productores nacionales frente a determinadas mercancías provenientes de países sin preferencias comerciales vigentes. Sin embargo, también será necesario observar la evolución de los costes de producción y su repercusión sobre el precio de los materiales utilizados en la construcción.
Las medidas también plantean desafíos para las empresas que dependen de bienes importados, especialmente cuando no existen alternativas nacionales con características técnicas, precios o volúmenes equivalentes.
Por ello, el resultado de la política arancelaria deberá evaluarse considerando tanto los beneficios potenciales para los fabricantes como sus posibles efectos sobre la competencia, el consumo y los costes de las cadenas productivas.
Las modificaciones arancelarias forman parte de una estrategia económica que busca fortalecer la capacidad manufacturera de Colombia y aumentar el valor agregado generado dentro del territorio nacional.
La reindustrialización plantea la necesidad de reducir determinadas dependencias externas, desarrollar proveedores locales, promover inversiones y mejorar la integración entre los diferentes sectores productivos.
En ese contexto, la protección arancelaria constituye uno de los instrumentos utilizados por el Gobierno para intervenir en las condiciones de competencia de sectores considerados estratégicos.
No obstante, su efectividad dependerá de que las medidas estén acompañadas de políticas de innovación, capacitación laboral, modernización tecnológica, financiación e inversión productiva.
El reto consiste en conseguir que la industria nacional no solamente aumente su participación en el mercado interno, sino que también desarrolle capacidades para competir internacionalmente.
La aplicación de los nuevos gravámenes abre un período de adaptación para los sectores automotor, de motocicletas y de materiales de construcción. Importadores, distribuidores y fabricantes deberán evaluar sus estructuras de costes y ajustar sus estrategias comerciales a las nuevas condiciones.
En el caso de las baldosas cerámicas, la medida tendrá una vigencia inicial de dos años, con una revisión prevista al cumplirse el primero. Este seguimiento permitirá analizar el comportamiento de las importaciones y los efectos sobre la industria nacional.
Para los vehículos y motocicletas de combustión, el nuevo esquema representa un cambio en las condiciones de acceso al mercado colombiano para las subpartidas contempladas en el Decreto 1432.
La evolución de los precios, las importaciones y la producción nacional permitirá determinar el alcance económico de estas decisiones. Mientras tanto, la política arancelaria se convierte en una herramienta central dentro de la estrategia colombiana para fortalecer su industria y modificar gradualmente la composición de su comercio exterior.
