El mercado de combustibles volvió a convertirse en una de las principales fuentes de presión para las finanzas de Ecuador. Entre enero y junio de 2026, el país registró una diferencia de USD 954,2 millones entre el valor de los derivados de petróleo importados y los ingresos obtenidos por su comercialización en el mercado interno.
La cifra representa un incremento considerable frente al mismo período de 2025, cuando la brecha fue de USD 570,6 millones. En un año, el saldo negativo aumentó en USD 383,6 millones, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 67%.
El dato, sin embargo, requiere una precisión importante: esta diferencia estadística no equivale automáticamente al monto de subsidios que paga el Estado. El cálculo de los subsidios corresponde a otras entidades y metodologías. Lo que muestra la información del Banco Central del Ecuador (BCE) es la diferencia entre el costo de los derivados que ingresan al país y los ingresos generados por su venta interna.
El problema adquiere relevancia porque Ecuador continúa dependiendo de la importación de combustibles para cubrir una parte importante de su demanda interna. Por eso, cuando aumentan las cotizaciones internacionales del petróleo y de los derivados, el costo de abastecer el mercado nacional puede crecer rápidamente.
Una de las claves para entender el aumento está en separar cantidad y precio.
Durante el primer semestre de 2026, Ecuador importó alrededor de 36,7 millones de barriles de derivados, un volumen apenas 0,6% superior al registrado en el mismo período de 2025.
Es decir, el país prácticamente compró la misma cantidad de combustibles en el exterior. El fuerte incremento de la brecha se explica principalmente por el encarecimiento del petróleo y de los productos derivados.
Los datos del BCE muestran además que las importaciones de derivados representan una salida relevante de recursos externos. En junio de 2026, por ejemplo, la importación de derivados estuvo entre los principales egresos que incidieron en las reservas internacionales.
El factor internacional fue determinante durante el primer semestre.
El precio promedio del crudo WTI, una de las referencias utilizadas para el mercado petrolero, pasó por un período de fuerte incremento. Según los datos incluidos en el análisis original, el promedio entre enero y junio llegó a unos USD 82,5 por barril, alrededor de 22% más que en el primer semestre de 2025.
El efecto se volvió particularmente visible desde marzo. El WTI pasó de un promedio de USD 64,4 por barril en febrero a USD 91,2 en marzo. En abril alcanzó aproximadamente USD 98,6.
Ese salto tuvo una consecuencia directa: importar derivados se volvió considerablemente más caro aunque el volumen comprado prácticamente no cambiara.
La brecha no creció de manera uniforme durante todo el semestre.
En enero y febrero todavía no se observaba la magnitud del deterioro que posteriormente aparecería en las cuentas de comercialización de combustibles. El cambio se produjo con fuerza a partir de marzo, coincidiendo con el incremento de las cotizaciones internacionales.
En marzo, la diferencia entre el costo de importar derivados y los ingresos por sus ventas internas alcanzó aproximadamente USD 217,7 millones.
En abril llegó al máximo del semestre, con unos USD 327,8 millones.
Estos datos muestran la sensibilidad de Ecuador ante movimientos bruscos del mercado petrolero internacional: un aumento del precio del crudo puede modificar en cuestión de semanas el costo de abastecer de combustibles al mercado nacional.
No todos los combustibles explican el deterioro de la misma manera.
El diésel fue el principal componente de la diferencia durante los primeros seis meses de 2026, con un saldo negativo de aproximadamente USD 557,4 millones.
Ese resultado representa un aumento cercano al 50% frente al registrado un año antes.
La importancia del diésel para esta cuenta también tiene una explicación en su amplio uso dentro de la economía. Este combustible es utilizado por transporte pesado, transporte de mercancías, determinadas actividades productivas, maquinaria y otros sectores que requieren motores de alto consumo.
Por eso, el costo del diésel no solo afecta las cuentas relacionadas con la importación y comercialización de combustibles. También puede tener efectos indirectos sobre los costos de transporte y logística.
Otro cambio relevante ocurrió con las naftas y gasolinas.
Durante el primer semestre de 2025, este grupo todavía registraba un saldo positivo de aproximadamente USD 82,7 millones. Un año después, pasó a presentar una diferencia negativa de alrededor de USD 133,1 millones.
La variación representa un deterioro de casi USD 216 millones entre ambos períodos.
Esto significa que en 2026 las gasolinas dejaron de compensar parcialmente la brecha generada por otros derivados y comenzaron a contribuir también al saldo negativo.
El gas licuado de petróleo (GLP) tuvo una evolución distinta.
Su saldo negativo pasó de aproximadamente USD 281,8 millones en el primer semestre de 2025 a USD 263,7 millones en igual período de 2026.
Esto representa una reducción de unos USD 18,1 millones, aunque el GLP continúa siendo uno de los productos que generan una diferencia importante entre el costo de abastecimiento y los ingresos de comercialización.
Este es uno de los puntos que más puede generar confusión al analizar las cifras.
Que Ecuador haya registrado una diferencia de USD 954,2 millones entre el costo de los derivados importados y los ingresos de sus ventas internas no significa que el Gobierno haya entregado exactamente esa cantidad en subsidios.
El propio Banco Central señala que el cálculo de subsidios corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y a Petroecuador, debido a que intervienen otros elementos en la determinación del costo efectivo y del apoyo estatal.
Por lo tanto, la cifra de USD 954,2 millones debe interpretarse como un indicador de la brecha comercial entre costos de importación y ventas internas, no como una cifra definitiva del gasto fiscal en subsidios.
El nivel de subsidio por galón cambia en función de los precios internacionales, la fórmula de cálculo y el período de vigencia.
Para el período del 12 de julio al 11 de agosto de 2026, por ejemplo, Petroecuador reportó un subsidio aproximado de USD 0,62 por galón para la gasolina Extra, USD 0,85 para Ecopaís y USD 1,04 para el diésel.
Estos valores también muestran por qué no resulta correcto utilizar una sola cifra de subsidio para todo el año. El monto puede variar mes a mes conforme cambian los precios internacionales y las reglas de cálculo.
Ecuador mantiene un mecanismo de estabilización para las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel, mientras que la gasolina Súper funciona bajo un esquema diferente y tiene un precio referencial que responde al mercado.
Las gasolinas Extra y Ecopaís están bajo el sistema de bandas desde junio de 2024. El mecanismo busca evitar que las variaciones internacionales se trasladen de manera inmediata y completa al precio que pagan los consumidores.
Para julio de 2026, el Gobierno modificó temporalmente la fórmula de cálculo con un mecanismo excepcional. Como resultado, entre el 12 de julio y el 11 de agosto, la Extra y Ecopaís se ubicaron en USD 3,265 por galón y el diésel Premium en USD 3,204.
La medida demuestra el dilema que enfrenta el Gobierno: permitir que los precios internos sigan más de cerca al mercado internacional reduce la presión sobre las cuentas públicas, pero puede aumentar el costo para consumidores y sectores productivos.
La dependencia petrolera genera una situación particular para la economía ecuatoriana.
Cuando el petróleo sube, Ecuador puede obtener mayores ingresos por la exportación de crudo. Pero al mismo tiempo debe pagar más por los derivados que necesita comprar en el exterior.
Durante enero-junio de 2026, el país recibió aproximadamente USD 4.606,8 millones por sus exportaciones de petróleo, un aumento de 15% frente al mismo período de 2025.
El resultado es especialmente llamativo porque el volumen exportado disminuyó alrededor de 8%. El incremento de los ingresos estuvo asociado, por tanto, al mejor precio de venta del crudo.
Los datos de balanza de pagos del BCE también muestran que las exportaciones petroleras aumentaron en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025, impulsadas principalmente por el valor de las ventas de crudo.
La estructura petrolera ecuatoriana ayuda a explicar esta aparente contradicción.
El país produce y exporta petróleo crudo, pero su capacidad de refinación no es suficiente para cubrir completamente la demanda interna de determinados combustibles. Por ello necesita importar derivados como diésel, gasolinas, GLP y otros productos.
Esto genera una relación de doble vía con el mercado internacional: Ecuador vende una materia prima y, al mismo tiempo, compra productos refinados.
La rentabilidad de esa operación depende de varios factores, entre ellos el precio del crudo exportado, el costo de los derivados, la capacidad de refinación nacional, los costos logísticos y el esquema de precios internos.
Una mayor producción de crudo no significa automáticamente que Ecuador pueda dejar de importar combustibles.
Para transformar petróleo en gasolina, diésel y otros derivados se necesita capacidad de refinación suficiente, además de plantas que puedan procesar el tipo de crudo disponible en el país.
Ecuador cuenta con refinerías como Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, pero durante años ha enfrentado problemas de mantenimiento, paradas operativas y limitaciones técnicas que afectan la capacidad efectiva de procesamiento.
Por eso, incluso si aumenta la producción petrolera, el país puede continuar necesitando importar derivados para cubrir la demanda doméstica.
La discusión no se limita a las cuentas del Estado.
El precio de los combustibles tiene efectos sobre buena parte de la economía porque el transporte de personas y mercancías depende en gran medida de ellos.
Un aumento sostenido del diésel puede elevar los costos de transporte de productos agrícolas, alimentos, bienes industriales y mercancías importadas. Parte de esos mayores costos puede trasladarse posteriormente al consumidor.
Por esa razón, la política de combustibles debe equilibrar varios objetivos al mismo tiempo: proteger las cuentas públicas, evitar aumentos abruptos para los hogares, mantener la competitividad de las empresas y garantizar el abastecimiento nacional.
El peso del diésel en la brecha de comercialización convierte a este combustible en uno de los principales desafíos para el Gobierno.
Eliminar rápidamente un subsidio puede reducir el costo fiscal, pero también puede generar un incremento inmediato en los costos de transporte y producción.
Mantenerlo, por el contrario, reduce el impacto sobre consumidores y empresas, pero obliga al Estado a asumir una mayor parte de la diferencia cuando el precio internacional aumenta.
Por ello, el debate ya no gira únicamente en torno a si Ecuador debe subsidiar combustibles, sino también a cómo focalizar los subsidios para que lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar que una parte importante del beneficio termine favoreciendo a consumidores que no requieren apoyo estatal.
Una brecha creciente entre el costo de los combustibles y los ingresos de su venta interna puede convertirse en una presión adicional para el Estado, especialmente cuando los precios internacionales permanecen elevados.
El problema se vuelve más complejo si la producción petrolera nacional disminuye. En ese escenario, Ecuador tendría que exportar menos crudo y podría necesitar importar una proporción mayor de derivados, dependiendo de la evolución de la demanda interna.
El Banco Central ha identificado a la importación de derivados como uno de los flujos que inciden en las reservas internacionales, lo que demuestra que este fenómeno también tiene una dimensión externa y no solamente fiscal.
El comportamiento de los combustibles durante la segunda mitad de 2026 dependerá en buena medida de la evolución del petróleo internacional y de las decisiones que adopte el Gobierno sobre el mecanismo de precios.
En julio, las autoridades aplicaron una fórmula excepcional para moderar los precios de Extra, Ecopaís y diésel. Los valores de ese período fueron fijados hasta el 11 de agosto y posteriormente debían revisarse nuevamente.
Esto significa que una eventual reducción o aumento de los precios internacionales puede terminar afectando tanto el precio que pagan los consumidores como el tamaño de la brecha que absorbe el sistema.
Más allá de las decisiones mensuales sobre precios, el problema de fondo tiene una dimensión estructural.
Ecuador necesita reducir la vulnerabilidad que genera depender de derivados importados para cubrir su consumo interno. Para ello, una estrategia de largo plazo tendría que combinar una mayor disponibilidad de producción nacional, mejoras en las refinerías, reducción de pérdidas, eficiencia energética y una política de transporte menos dependiente de combustibles fósiles.
La modernización de las refinerías podría contribuir a disminuir determinadas importaciones, aunque requiere inversiones importantes y soluciones técnicas que permitan garantizar una operación estable.
Al mismo tiempo, la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos, un mayor uso del transporte público y mejoras en la logística podrían reducir gradualmente la demanda de derivados.
El dato de USD 954,2 millones no debe interpretarse como el subsidio exacto que pagó Ecuador por los combustibles. Su importancia está en mostrar cuánto se amplió la diferencia entre el costo de los derivados importados y los ingresos obtenidos por venderlos dentro del país.
El incremento de 67% frente al primer semestre de 2025 ocurrió pese a que el volumen importado prácticamente no cambió. El factor determinante fue el aumento de los precios internacionales, especialmente durante marzo y abril.
El diésel explicó la mayor parte de la brecha, mientras las gasolinas pasaron de registrar un saldo positivo a uno negativo. En paralelo, el petróleo más caro permitió que Ecuador obtuviera mayores ingresos por sus exportaciones de crudo.
Así, el primer semestre de 2026 volvió a evidenciar una de las contradicciones estructurales de la economía ecuatoriana: cuando el petróleo internacional se encarece, el país puede recibir más por el crudo que exporta, pero también debe pagar más por los combustibles que necesita importar.
La manera en que el Gobierno gestione esa diferencia —mediante precios, subsidios, producción nacional, refinación y eficiencia energética— será determinante para saber cuánto de ese aumento termina siendo absorbido por el Estado y cuánto llega finalmente al consumidor.
Fuentes consultadas: Banco Central del Ecuador, Petroecuador, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y documentación pública sobre el sistema de precios de combustibles. Las cifras históricas y de comercio exterior utilizadas en el artículo deben entenderse como datos provisionales cuando así los clasifica el BCE.
