El futuro de uno de los principales mecanismos utilizados por la industria atunera europea para acceder a materia prima importada vuelve a estar sobre la mesa. La Comisión Europea propuso extender hasta finales de 2027 el régimen de contingentes arancelarios autónomos (ATQ) para determinados productos pesqueros, incluido el cupo de lomos de atún, mientras prepara una reforma que podría incorporar nuevos requisitos de sostenibilidad.
La propuesta ha generado oposición entre organizaciones del sector pesquero europeo. En Francia, Orthongel, organización que agrupa a productores de atún, pidió al Consejo de la Unión Europea que no mantenga sin modificaciones el contingente vigente para los lomos de atún.
El debate tiene importancia para los productores y procesadores de distintos países que venden atún en el mercado europeo, entre ellos Ecuador, debido al peso que tiene la Unión Europea como destino para los productos pesqueros y a la coexistencia de diferentes mecanismos de acceso preferencial.
Los contingentes arancelarios autónomos, conocidos como ATQ por sus siglas en inglés, permiten que determinadas cantidades de productos pesqueros ingresen a la Unión Europea con derechos de importación reducidos o eliminados.
El objetivo declarado por la Comisión Europea es garantizar que la industria procesadora comunitaria tenga acceso a materias primas y productos semielaborados que no pueden obtenerse de la producción europea en cantidades suficientes o a precios competitivos.
El actual reglamento, aprobado para el periodo 2024-2026, contempla un contingente de 35.000 toneladas anuales de lomos de atún y listado destinados a procesamiento, con arancel cero.
La Comisión explica que los ATQ forman parte de una política destinada a asegurar el abastecimiento de la industria europea de procesamiento de productos pesqueros y mantener su competitividad.
El 8 de septiembre de 2026, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para ampliar un año la vigencia del Reglamento 2023/2720, que actualmente regula los ATQ para productos pesqueros.
La propuesta plantea que los contingentes que actualmente terminan el 31 de diciembre de 2026 continúen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto incluye las condiciones establecidas para los productos comprendidos en el reglamento actual.
La Comisión justifica la extensión temporal porque todavía trabaja en la evaluación del sistema y en un nuevo marco que incorporaría criterios de sostenibilidad. Según el documento oficial, la intención es contar con tiempo suficiente para completar el análisis de impacto y preparar una nueva propuesta.
Esto significa que la propuesta para 2027 no representa necesariamente el diseño definitivo del régimen para los años siguientes. La propia Comisión prevé presentar posteriormente nuevas reglas en las que los criterios de sostenibilidad tendrán un papel mayor.
Orthongel considera que el contingente facilita una entrada rápida de grandes volúmenes de lomos de atún procedentes de terceros países y sostiene que esta situación genera presión competitiva sobre la flota europea.
La organización francesa cuenta con el respaldo de Europêche, que representa a organizaciones del sector pesquero europeo. Europêche pidió el 15 de septiembre de 2026 al Consejo que rechace la continuidad del ATQ de 35.000 toneladas para los lomos de atún.
Entre los argumentos del sector europeo está la velocidad con la que se utiliza el contingente al inicio de cada año. Según las organizaciones pesqueras, el volumen disponible suele agotarse en los primeros días de enero.
Europêche también ha señalado que una parte muy importante de las importaciones realizadas bajo este mecanismo procede de países asiáticos, particularmente China e Indonesia. En un análisis presentado ante las instituciones europeas, la organización señaló que entre 2020 y 2023 cerca del 98,3% del contingente fue utilizado por China, Indonesia, Vietnam y Tailandia.
El sistema de ATQ se administra bajo el principio de “primero en llegar, primero en ser atendido” para las cantidades disponibles. La Comisión Europea confirma que los contingentes autónomos del sector pesquero se aplican sobre cantidades específicas y que actualmente no incorporan condiciones de sostenibilidad.
Esto significa que los importadores que cumplen las condiciones pueden utilizar el volumen disponible hasta que el contingente se complete.
Para la industria procesadora europea, el mecanismo permite acceder a materia prima o productos semielaborados a menor costo. Para parte del sector pesquero comunitario, en cambio, el rápido agotamiento del cupo representa una fuente de competencia adicional frente a los productos importados.
Uno de los cambios más relevantes en la discusión europea es que la Comisión está analizando la posibilidad de incorporar criterios de sostenibilidad a los futuros contingentes.
La institución reconoce que el actual régimen no incluye condiciones de sostenibilidad y señala que existen preocupaciones relacionadas con la conservación de las poblaciones de peces, aspectos sociales y competitividad de la flota europea.
La propuesta presentada en septiembre de 2026 establece que el nuevo marco deberá considerar las condiciones de sostenibilidad como parte de las preferencias arancelarias autónomas.
Por ello, el debate para 2027 funciona también como una etapa de transición hacia una posible modificación estructural del sistema.
Orthongel y Europêche han planteado cambios sobre la manera en que la Unión Europea gestiona los contingentes para productos pesqueros.
Entre sus principales planteamientos se encuentran:
Europêche sostiene que la ampliación de las preferencias comerciales para el atún debe analizarse junto con el ATQ de carácter general, debido a que diferentes acuerdos comerciales pueden abrir nuevas posibilidades de acceso al mercado europeo.
Indonesia ocupa un lugar importante en la discusión porque la Unión Europea concluyó en septiembre de 2025 las negociaciones de un acuerdo de asociación económica integral, conocido como CEPA.
El acuerdo todavía requiere completar los procedimientos internos correspondientes antes de entrar plenamente en vigor. La Comisión Europea presentó las propuestas al Consejo en junio de 2026 para avanzar hacia su firma y conclusión.
Europêche ha cuestionado específicamente el acceso previsto para productos atuneros procedentes de Indonesia. La organización ha señalado que el acuerdo contempla un contingente arancelario de 5.000 toneladas anuales para lomos de atún, además de otras concesiones para productos pesqueros.
Para el sector europeo, la preocupación consiste en que las preferencias acumuladas mediante acuerdos comerciales puedan ampliar el volumen de producto importado con condiciones arancelarias favorables.
Desde la perspectiva de la Comisión Europea, el CEPA con Indonesia forma parte de una estrategia más amplia destinada a profundizar las relaciones comerciales, diversificar las cadenas de suministro y ampliar el acceso a mercados.
El ATQ y las preferencias establecidas en un acuerdo comercial no son exactamente el mismo instrumento.
El contingente arancelario autónomo es una medida adoptada unilateralmente por la Unión Europea para determinados productos y cantidades. Su finalidad principal es facilitar el suministro de materias primas a la industria europea.
Los acuerdos comerciales, en cambio, son negociados entre la UE y países socios y establecen condiciones específicas de acceso al mercado, incluyendo aranceles, contingentes, reglas de origen y otros compromisos.
La diferencia es importante porque un productor puede acceder al mercado europeo bajo diferentes regímenes dependiendo de su país de origen, del producto exportado y de las reglas de origen que deba cumplir.
Para Ecuador, el debate europeo sobre los lomos de atún es relevante porque el país mantiene un acuerdo comercial con la Unión Europea junto con Colombia y Perú.
La Comisión Europea registra el acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador como un acuerdo aplicado provisionalmente desde 2013.
Esto significa que el acceso de los productos ecuatorianos al mercado europeo no depende exclusivamente del ATQ. Las condiciones preferenciales aplicables a Ecuador se encuentran vinculadas al acuerdo comercial y a las reglas específicas de origen correspondientes.
Por ello, cualquier modificación del ATQ debe analizarse por separado de las preferencias que Ecuador ya posee bajo el acuerdo comercial.
Uno de los aspectos que más atención genera para los países exportadores es la posibilidad de que, en el futuro, el acceso a determinados beneficios arancelarios esté condicionado por criterios ambientales o de sostenibilidad.
La Comisión Europea ya reconoce que está realizando una evaluación de impacto sobre la posible introducción de estos criterios en el régimen de preferencias autónomas para productos pesqueros.
El cambio podría modificar la lógica actual del sistema. En lugar de centrarse únicamente en cuánto producto necesita la industria procesadora europea, las futuras decisiones podrían considerar también aspectos relacionados con la gestión de las pesquerías, conservación de los recursos y otras condiciones de sostenibilidad.
La Comisión prevé presentar una propuesta específica sobre criterios de sostenibilidad durante el primer trimestre de 2027, según el documento legislativo presentado en septiembre de 2026.
Para las empresas procesadoras europeas, los ATQ representan una herramienta para garantizar el suministro de materia prima a precios competitivos. La Comisión sostiene precisamente que el sistema busca evitar problemas de abastecimiento y mantener la competitividad de la industria comunitaria.
Para parte de la flota pesquera europea, la preocupación es diferente. Sus organizaciones consideran que el acceso sin arancel a grandes volúmenes importados puede incrementar la competencia sobre el producto capturado por barcos comunitarios.
El conflicto de intereses es, por tanto, doble: por un lado, están los procesadores que necesitan materia prima; por otro, los productores europeos que buscan competir en condiciones que consideran equilibradas.
La propia propuesta legislativa de la Comisión establece que el objetivo de los ATQ debe ser mejorar el acceso de la industria europea a materias primas sin perjudicar a los productores de la Unión.
El documento señala que el régimen debe adaptarse a las condiciones del mercado, los cambios en los flujos comerciales y las necesidades de los procesadores europeos, pero también evitar efectos adversos sobre los productores comunitarios.
Esta consideración será relevante en la futura evaluación del sistema, especialmente ante las reclamaciones de organizaciones como Orthongel y Europêche.
La Comisión Europea propone mantener durante 2027 el marco actualmente vigente para evitar que exista una interrupción en el suministro de productos pesqueros libres de arancel destinados a la industria procesadora.
Sin embargo, la propuesta todavía debe avanzar dentro del procedimiento correspondiente. El documento de la Comisión fue remitido al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo el 8 de septiembre de 2026.
Por ahora, el escenario planteado por la Comisión es una extensión temporal de un año, mientras se prepara un nuevo régimen que incorporaría criterios de sostenibilidad.
Orthongel y Europêche, por su parte, presionan para que el Consejo no se limite a prorrogar las condiciones actuales y revise el tratamiento concedido a los lomos de atún.
La discusión sobre las 35.000 toneladas va más allá de un simple conflicto arancelario. El debate enfrenta dos objetivos de la política europea: garantizar materia prima suficiente y competitiva para sus industrias procesadoras y, al mismo tiempo, proteger la competitividad de sus productores pesqueros y avanzar hacia estándares de sostenibilidad.
La Comisión Europea ha optado por proponer una extensión temporal del sistema para 2027, mientras trabaja en una reforma que podría introducir nuevas condiciones ambientales.
Para los exportadores de atún, incluido Ecuador, el proceso será importante porque cualquier modificación de las condiciones de acceso al mercado europeo puede repercutir en la competencia entre proveedores, aunque los efectos concretos dependerán del régimen comercial aplicable a cada país.
El próximo paso estará en manos de las instituciones europeas encargadas de tramitar la propuesta. Mientras tanto, la industria atunera seguirá pendiente de si el contingente de 35.000 toneladas continúa sin cambios durante 2027 o si el debate sobre sostenibilidad y competencia termina modificando el modelo que la Unión Europea utiliza para importar materia prima pesquera.
