Estados Unidos abrió en 2026 una nueva vía comercial para el oro venezolano, en un cambio que permitió reactivar operaciones con la empresa estatal Minerven y facilitó la llegada de mineral venezolano al mercado estadounidense.
La decisión forma parte de un proceso más amplio de reapertura de determinados sectores de la economía venezolana a empresas y capitales extranjeros bajo la Administración de Donald Trump. El oro se convirtió así en uno de los primeros recursos naturales en los que Washington autorizó nuevas operaciones comerciales con una empresa estatal venezolana que había estado sujeta a sanciones.
El giro, sin embargo, también ha generado cuestionamientos en Estados Unidos debido a los antecedentes documentados sobre minería ilegal, grupos criminales, abusos contra trabajadores y daños ambientales en zonas auríferas de Venezuela.
El cambio comenzó formalmente el 6 de marzo de 2026, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) emitió la Licencia General 51.
La autorización permitió determinadas operaciones relacionadas con oro de origen venezolano, incluyendo actividades de exportación, venta, almacenamiento, compra, transporte e importación a Estados Unidos, así como su refinación y posterior comercialización, bajo las condiciones establecidas por la licencia.
La medida incluyó expresamente a Minerven, la compañía minera estatal venezolana. Posteriormente, Washington amplió y modificó el régimen de autorizaciones mediante nuevas licencias relacionadas con minerales y oro venezolano. Para septiembre de 2026, la OFAC había establecido la Licencia General 51D, que reemplazó las autorizaciones anteriores y mantuvo determinadas operaciones autorizadas bajo condiciones específicas.
El primer gran acuerdo anunciado bajo este nuevo escenario involucró a Minerven y a Trafigura, una de las principales comercializadoras internacionales de materias primas.
Según Reuters, el acuerdo contempla que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilogramos de oro doré a Trafigura para su posterior traslado a refinerías estadounidenses. El oro doré es un metal parcialmente refinado que todavía requiere procesos adicionales para alcanzar un mayor grado de pureza.
El acuerdo fue reportado inicialmente en marzo y posteriormente se conoció que un cargamento de oro venezolano valorado en aproximadamente USD 100 millones había llegado a Estados Unidos.
El entonces secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, confirmó públicamente la llegada del cargamento y señaló que el metal tendría usos industriales y comerciales.
La llegada del cargamento se produjo pocos días después de que Washington autorizara las operaciones relacionadas con el oro venezolano.
De acuerdo con información publicada el 9 de marzo, el envío estaba relacionado con el acuerdo entre Minerven y Trafigura. La operación contemplaba inicialmente entre 650 y 1.000 kilogramos de barras de oro doré destinadas a refinerías estadounidenses.
La dimensión económica de la operación depende del precio internacional del oro y de las características del metal comercializado. Las estimaciones difundidas en marzo situaban el valor potencial del acuerdo en cientos de millones de dólares si se alcanzaba el volumen máximo previsto.
El principal cuestionamiento no está relacionado únicamente con la apertura comercial, sino con la trazabilidad del mineral y las condiciones en las que se extrae el oro en algunas regiones de Venezuela.
El senador estadounidense Ron Wyden planteó estas preocupaciones en una carta dirigida a Trafigura. En el documento señaló que las actividades mineras venezolanas han sido vinculadas con abusos contra los derechos humanos y una importante degradación ambiental.
La carta cita además un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos según el cual organizaciones criminales que controlan minas venezolanas han sido relacionadas con condiciones laborales peligrosas y graves abusos, incluidos golpes, asesinatos, desapariciones, trabajo infantil y masacres, según organizaciones no gubernamentales citadas por el Gobierno estadounidense.
En su comunicación a Trafigura, Wyden pidió información sobre los mecanismos utilizados para determinar el origen del oro adquirido por la compañía.
El senador sostuvo que los riesgos conocidos en el sector minero venezolano incluyen corrupción, abusos de derechos humanos y daños ambientales. También mencionó una extensa pérdida de cobertura forestal asociada a las actividades mineras.
Estos señalamientos representan la posición de Wyden y las fuentes que cita en su carta. No equivalen por sí mismos a una determinación de que el oro incluido en el acuerdo específico con Trafigura proceda de una mina ilegal.
La autorización estadounidense no supone que cualquier operación relacionada con oro venezolano haya quedado permitida sin restricciones.
Las licencias de la OFAC establecen condiciones específicas para las transacciones autorizadas. Entre ellas se encuentran requisitos relacionados con los contratos celebrados con el Gobierno venezolano o Minerven y con la jurisdicción aplicable a esos acuerdos.
La normativa también establece restricciones respecto de determinadas jurisdicciones y operaciones, y exige que los participantes cumplan las condiciones de las licencias para evitar exposición a sanciones estadounidenses.
La apertura del mercado del oro no quedó limitada al acuerdo anunciado en marzo.
El 27 de marzo, la OFAC emitió nuevas licencias relacionadas con minerales venezolanos. La Licencia General 51A amplió la autorización a determinados minerales de origen venezolano, mientras que otras licencias permitieron el suministro de bienes y servicios para operaciones mineras y la negociación de determinados contratos de inversión en el sector.
En junio, la OFAC volvió a modificar estas autorizaciones y emitió la Licencia General 51B. Posteriormente, en agosto se publicó la 51C y, en septiembre, la 51D. El régimen fue evolucionando durante el año conforme Washington amplió y ajustó las operaciones permitidas con recursos minerales venezolanos.
La flexibilización del comercio de minerales se produjo paralelamente a una mayor apertura del sector energético venezolano a empresas privadas y extranjeras.
Durante 2026, la Administración Trump impulsó acuerdos relacionados con el petróleo venezolano y presentó la participación privada como un componente de su estrategia para recuperar la producción y atraer inversiones al país.
En agosto, la Casa Blanca anunció un acuerdo que, según su propia descripción, otorgaría a una compañía privada norteamericana concesiones de largo plazo sobre campos petroleros venezolanos y permitiría una participación estadounidense significativa en el sector.
La Casa Blanca presentó estas medidas como parte de un plan de estabilización, reconstrucción y transición económica de Venezuela.
Venezuela posee importantes reservas minerales y el oro constituye uno de los recursos naturales de mayor relevancia económica del país.
Durante los años de sanciones y restricciones comerciales, una parte importante de la producción aurífera venezolana quedó fuera de los canales comerciales estadounidenses regulados. La nueva política de Washington busca establecer canales autorizados para determinadas operaciones, con requisitos específicos para los participantes.
Para el Gobierno estadounidense, estas operaciones pueden contribuir a incorporar la producción venezolana a circuitos comerciales formales. Sin embargo, los críticos de la apertura han planteado dudas sobre la capacidad de verificar el origen del mineral y evitar que los ingresos terminen beneficiando a redes criminales o actividades mineras irregulares.
La trazabilidad se ha convertido en uno de los principales puntos de debate alrededor del nuevo comercio de oro venezolano.
Para que el mineral pueda llegar a los mercados internacionales bajo un esquema regulado, resulta necesario determinar dónde fue extraído, quién participó en su producción, qué empresas intervinieron en su comercialización y qué procesos siguió antes de llegar a una refinería.
Esta cadena resulta especialmente relevante en regiones donde existen denuncias sobre minería ilegal y presencia de grupos armados o estructuras criminales.
La preocupación expresada por legisladores estadounidenses no implica que todo el oro venezolano tenga un origen ilícito. El problema planteado es la dificultad de garantizar que las operaciones comerciales no incorporen mineral procedente de actividades que vulneren las normas ambientales, laborales o de derechos humanos.
Trafigura es una empresa internacional dedicada a la comercialización de materias primas y energía. En el acuerdo anunciado en marzo, su función consiste en adquirir el oro doré de Minerven y facilitar su traslado hacia instalaciones de refinación en Estados Unidos.
Reuters informó que el acuerdo contempla entre 650 y 1.000 kilogramos de oro y que el traslado a las refinerías estadounidenses se realizaría mediante un acuerdo separado con el Gobierno de Estados Unidos.
La participación de una comercializadora internacional permite conectar la producción venezolana con el mercado estadounidense, pero también coloca sobre la mesa las obligaciones de diligencia debida relacionadas con el origen del mineral.
La OFAC estableció expresamente que determinadas operaciones con Minerven y con oro de origen venezolano pueden realizarse bajo las condiciones establecidas en sus licencias.
La actualización de septiembre de 2026 señala que las operaciones autorizadas incluyen, bajo determinadas condiciones, actividades relacionadas con la exportación, venta, suministro, almacenamiento, compra, entrega o transporte de minerales venezolanos, incluido el oro.
La misma normativa advierte que quienes realicen operaciones fuera de las condiciones autorizadas pueden exponerse a sanciones estadounidenses, especialmente cuando existen elementos relacionados con corrupción, prácticas engañosas o apoyo material a personas bloqueadas.
El acuerdo sobre el oro representa una de las primeras operaciones de gran escala que muestran cómo está cambiando la relación económica entre Washington y Caracas durante 2026.
La reapertura de determinados canales comerciales puede facilitar el ingreso de capital, tecnología y compradores internacionales al sector minero venezolano. Al mismo tiempo, la expansión de estas operaciones plantea preguntas sobre quién controla la producción, cómo se verifica el origen del mineral y qué mecanismos existen para impedir que los recursos terminen vinculados con actividades ilegales.
El caso de Minerven y Trafigura concentra buena parte de ese debate. Por un lado, existe una autorización formal del Gobierno estadounidense que permite determinadas operaciones con oro venezolano. Por otro, legisladores y organizaciones han señalado riesgos asociados a la minería venezolana que deberán ser considerados en la trazabilidad de las futuras operaciones.
Las autorizaciones emitidas durante 2026 muestran que Washington ha ido construyendo un marco para permitir determinadas operaciones con los recursos minerales venezolanos.
El alcance futuro de este mercado dependerá de factores como el cumplimiento de las condiciones impuestas por Estados Unidos, la capacidad de las empresas para demostrar el origen del mineral, la evolución de la minería venezolana y las decisiones que adopten los compradores y refinadores internacionales.
Por ahora, el acuerdo entre Minerven y Trafigura constituye un precedente relevante: el oro venezolano volvió a tener acceso directo a compradores vinculados con el mercado estadounidense bajo un régimen autorizado por Washington.
La principal incógnita no está únicamente en cuánto oro puede vender Venezuela, sino en si las nuevas operaciones podrán demostrar de manera verificable que el mineral comercializado cumple con las exigencias de trazabilidad, legalidad y debida diligencia que demanda el mercado internacional.
