La política comercial de la Unión Europea ha colocado al sector atunero ante uno de sus mayores desafíos de los últimos años. Bruselas está ampliando o negociando acuerdos con varios de los principales países productores y transformadores de atún del mundo, entre ellos Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia y México, mientras las organizaciones pesqueras y conserveras reclaman que el impacto acumulado sobre la industria europea sea evaluado antes de conceder nuevas ventajas arancelarias.
El debate no se limita al precio de las importaciones. En el fondo se enfrentan dos modelos de acceso al mercado: por un lado, la estrategia europea para diversificar proveedores y facilitar el comercio internacional; por otro, la exigencia de la industria comunitaria de que las preferencias comerciales estén acompañadas de reglas de origen estrictas, trazabilidad, controles contra la pesca ilegal y condiciones laborales y medioambientales comparables.
Europêche, que representa a organizaciones de empresas pesqueras de la Unión Europea, ha cuestionado especialmente la forma en que varias Evaluaciones de Impacto en la Sostenibilidad analizan el sector. Según la organización, los estudios utilizados en las negociaciones no siempre identifican a la flota atunera de larga distancia como un sector económico específico, lo que dificulta medir los efectos de una mayor entrada de productos procesados sobre los precios del pescado, los ingresos de los buques, el empleo y la competencia por la materia prima.
El caso de Tailandia ocupa una posición central en la controversia. La Unión Europea y el país asiático reanudaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio en 2023 y celebraron su novena ronda en junio de 2026. La Comisión Europea mantiene que el futuro acuerdo pretende ampliar el acceso a los mercados de bienes y servicios y reforzar las disposiciones sobre desarrollo sostenible.
Para la industria atunera, sin embargo, el elemento más sensible es el posible tratamiento arancelario de los productos de atún. El borrador de la Evaluación de Impacto en la Sostenibilidad de la negociación con Tailandia contempla escenarios en los que las exportaciones tailandesas de productos a base de atún hacia la UE podrían aumentar de forma considerable. Europêche cifra ese potencial crecimiento en un 39 % en el escenario conservador y hasta un 94 % en el escenario ambicioso.
La organización pesquera considera que el estudio reconoce posibles efectos sobre determinados transformadores de las Azores y sobre la flota local, pero no desarrolla con el mismo nivel de detalle el impacto sobre la flota atunera europea de larga distancia. Entre los aspectos que reclama cuantificar están la evolución del precio del atún crudo, los ingresos de los buques, el empleo y la competencia por el abastecimiento de las fábricas.
La Xunta de Galicia y ANFACO-CYTMA han trasladado una preocupación similar desde el ámbito de la industria conservera. Su petición es que el atún en conserva sea considerado un producto estrictamente sensible y que cualquier apertura comercial quede condicionada a una reciprocidad efectiva en materia de origen, trazabilidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad y derechos laborales.
El escenario comercial europeo es más amplio. Indonesia concluyó las negociaciones de su Acuerdo de Asociación Económica Integral con la UE en septiembre de 2025. En junio de 2026, la Comisión Europea presentó al Consejo las propuestas necesarias para avanzar hacia la firma y conclusión del acuerdo.
El texto negociado contempla una apertura preferencial relevante para el sector atunero. Entre sus disposiciones figura un contingente arancelario anual de 5.000 toneladas para lomos de atún, con acceso libre de derechos dentro de ese volumen. Los filetes de atún frescos y congelados también reciben un tratamiento preferencial específico en el acuerdo negociado.
Esta disposición ha sido criticada por Europêche, que considera que el nuevo contingente debe analizarse conjuntamente con el resto de mecanismos que ya facilitan la entrada de lomos de atún en el mercado europeo. La organización sostiene que evaluar cada acuerdo de forma aislada puede ocultar el efecto acumulativo de varias concesiones comerciales.
En México, la situación también ha cambiado. La UE y México firmaron el 22 de mayo de 2026 el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino. La documentación comunitaria establece que el nuevo marco sustituirá al régimen anterior una vez completados los procedimientos necesarios para su plena entrada en vigor. En el caso del atún, el nuevo escenario contempla un acceso preferencial que el sector europeo está incorporando a su análisis sobre la competencia internacional.
Filipinas representa otro frente especialmente relevante. Las negociaciones, reanudadas en 2024, avanzaron hasta que la UE y Filipinas alcanzaron un acuerdo sustancial sobre su tratado de libre comercio el 22 de septiembre de 2026. El resultado abre una nueva etapa antes de la firma, ratificación y entrada en vigor del acuerdo.
La industria pesquera europea observa con especial atención este proceso porque, según el análisis de Europêche sobre las evaluaciones de impacto, más del 80 % de las exportaciones filipinas de atún corresponderían a productos en conserva o congelados. La organización sostiene que el modelo cuantitativo utilizado en la evaluación no permite estimar con precisión el efecto sobre el pescado transformado.
Malasia completa el grupo de negociaciones que pueden modificar el mapa competitivo del atún. Las conversaciones entre la UE y Malasia se reanudaron en 2025 después de haber permanecido suspendidas durante años y ya han alcanzado varias rondas en 2026. La Comisión Europea plantea un acuerdo amplio que incluye acceso a bienes, servicios e inversiones, así como compromisos en materia laboral, medioambiental y de desarrollo sostenible.
El núcleo de la crítica de Europêche está en la metodología de las Evaluaciones de Impacto en la Sostenibilidad. La organización identifica tres problemas recurrentes en los estudios relativos a los acuerdos con Indonesia, Filipinas, Malasia y México.
La cuestión es relevante porque el impacto de una reducción arancelaria no se limita al producto terminado. Una mayor disponibilidad de lomos, filetes o conservas importadas puede modificar las decisiones de compra de las conserveras, los precios de la materia prima, la utilización de las plantas de transformación y la demanda de pescado capturado por buques europeos.
El debate coincide además con la puesta en marcha de nuevas herramientas de seguimiento comercial de la Comisión Europea. El denominado Barómetro de Importaciones utiliza datos de Eurostat para identificar incrementos sostenidos de las importaciones y analizar posibles presiones sobre el mercado comunitario.
En los datos de 2026 citados por Europêche aparecen varios movimientos relevantes dentro de las categorías de productos de atún. La organización destaca aumentos interanuales de los volúmenes importados acompañados de descensos en los valores unitarios.
Estos datos no demuestran por sí solos que los acuerdos comerciales sean la causa de la evolución de los precios. Sin embargo, aportan un indicador que permite al sector seguir la relación entre crecimiento de las importaciones y evolución del valor unitario en un mercado sometido a una creciente competencia internacional.
La discusión sobre los acuerdos comerciales se cruza con otra cuestión que Bruselas lleva tiempo revisando: los contingentes arancelarios autónomos para productos pesqueros.
La Comisión Europea abrió en 2025 una consulta pública sobre la sostenibilidad de este sistema. Estos contingentes permiten reducir o suspender los derechos de importación para determinadas materias primas cuando se considera que no existe suficiente disponibilidad dentro de la UE o que el suministro comunitario no resulta competitivo. Hasta ahora, el régimen se ha aplicado sin condiciones específicas de sostenibilidad para determinadas importaciones.
Para el sector atunero europeo, esta política adquiere especial importancia porque los contingentes para lomos de atún se suman a las preferencias que pueden derivarse de acuerdos comerciales bilaterales. Europêche ha reclamado que el análisis de las futuras concesiones tenga en cuenta el volumen total que puede acceder al mercado europeo mediante diferentes instrumentos.
El problema que plantea la industria es, por tanto, acumulativo: un contingente autónomo, un acuerdo comercial con Indonesia, otro con México y futuras concesiones a Tailandia, Filipinas u otros países pueden terminar actuando sobre el mismo mercado y sobre las mismas materias primas.
La trazabilidad constituye otro de los puntos centrales del debate. Desde el 10 de enero de 2026, los importadores de productos de la pesca destinados al mercado comunitario deben utilizar CATCH para presentar los certificados de captura correspondientes.
La plataforma digital forma parte del sistema europeo de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Su objetivo es facilitar el intercambio electrónico de información y documentación entre operadores y autoridades y mejorar la capacidad de las administraciones para detectar productos procedentes de actividades pesqueras ilegales.
Para las organizaciones del sector, la aplicación de CATCH puede convertirse en una herramienta importante para elevar la trazabilidad de las importaciones, pero su eficacia dependerá de que los controles se apliquen de manera homogénea en los distintos puntos de entrada de la Unión Europea.
La discusión comercial añade así una segunda dimensión: no basta con determinar qué cantidad de atún puede entrar con arancel reducido; también importa demostrar de dónde procede el pescado, qué buques lo capturaron, bajo qué condiciones se realizó la actividad pesquera y qué procesos siguió hasta convertirse en producto congelado o conserva.
ANFACO-CYTMA y la Xunta de Galicia han llevado estas cuestiones al terreno institucional. La posición defendida desde Galicia pasa por establecer condiciones de acceso que impidan que una diferencia regulatoria se convierta en una ventaja competitiva permanente.
Entre las medidas planteadas figuran unas reglas de origen estrictas, cláusulas de salvaguardia capaces de activarse cuando se produzca una perturbación significativa del mercado y mecanismos que garanticen una mayor equivalencia entre las obligaciones exigidas a los productores europeos y las aplicadas a los proveedores de terceros países.
La Xunta ha trasladado esta posición a las instituciones europeas y al Gobierno español, mientras Galicia también ha utilizado los canales de cooperación entre regiones marítimas europeas para promover una posición común.
La reivindicación gallega incluye además el refuerzo de CATCH, la aplicación efectiva de cláusulas espejo y la creación de instrumentos de seguimiento específico para la industria conservera del atún.
La discusión no afecta únicamente a armadores y exportadores. La cadena atunera europea conecta pesca, transporte, transformación, logística, distribución y comercialización, con una especial concentración industrial en determinadas regiones costeras.
En Galicia, el sector conservero tiene además un peso destacado en numerosas localidades marítimas y proporciona una parte significativa del empleo industrial femenino. De ahí que la Xunta considere que las condiciones de los acuerdos comerciales deben analizarse no solo desde el punto de vista del consumidor o del comercio exterior, sino también desde su impacto territorial.
La industria europea se enfrenta a una particularidad que complica todavía más el debate: necesita materias primas procedentes de las grandes zonas atuneras del planeta para mantener su capacidad de transformación, pero al mismo tiempo compite con empresas situadas en esos mismos países productores.
El equilibrio entre disponibilidad de pescado, costes de transformación y protección de la producción europea se convierte así en uno de los principales retos de la política comercial comunitaria.
Las decisiones de Bruselas también tienen consecuencias fuera de Europa. Ecuador es uno de los grandes actores internacionales del comercio de atún y cuenta con preferencias comerciales para acceder al mercado comunitario en el marco del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea.
Por ello, cada nuevo acuerdo preferencial puede modificar las condiciones relativas de competencia entre los diferentes proveedores. Una reducción de aranceles para un nuevo origen puede alterar los flujos comerciales, mientras que requisitos más estrictos de trazabilidad o sostenibilidad pueden elevar el valor estratégico de aquellos proveedores capaces de demostrar el cumplimiento de las normas europeas.
Para los exportadores latinoamericanos y asiáticos, el mercado europeo se encuentra así en una fase de transformación. El precio seguirá siendo un factor decisivo, pero el origen demostrable, la documentación de las capturas, las reglas de origen y el cumplimiento de las normas contra la pesca ilegal adquieren una importancia cada vez mayor.
El conflicto comercial en torno al atún no enfrenta simplemente a Europa contra los países productores. También refleja una tensión interna de la propia política comunitaria: Bruselas busca abrir mercados, diversificar proveedores y reforzar sus relaciones comerciales con el Indo-Pacífico y América del Norte, mientras determinadas industrias europeas reclaman que esa apertura tenga en cuenta sus costes regulatorios y su exposición a la competencia internacional.
El calendario de 2026 ha acelerado esa discusión. Indonesia ya ha concluido sus negociaciones; México ha firmado el nuevo marco comercial; Filipinas ha alcanzado un acuerdo sustancial; y Tailandia y Malasia mantienen abiertas sus conversaciones. Cada uno de estos procesos puede incorporar condiciones diferentes para los productos pesqueros y, en particular, para el atún.
La cuestión decisiva será cómo se combinan esas preferencias con los contingentes arancelarios existentes y con las nuevas exigencias europeas de trazabilidad. El uso obligatorio de CATCH desde 2026 representa un avance en el control documental, pero el sector reclama que la trazabilidad vaya acompañada de una evaluación completa del impacto económico y social.
En este contexto, la disputa por el atún se convierte en un caso de estudio sobre el futuro de la política comercial europea. La apertura de los mercados puede generar nuevas oportunidades para consumidores, importadores y empresas, pero también modifica las condiciones en las que operan las flotas y las industrias transformadoras europeas.
El resultado de las negociaciones con Tailandia, Filipinas y Malasia, junto con la aplicación futura de los acuerdos con Indonesia y México, permitirá comprobar hasta qué punto Bruselas incorpora las exigencias de reciprocidad, trazabilidad y sostenibilidad que actualmente reclaman los sectores pesquero y conservero. Para la industria atunera europea, la discusión ya no gira únicamente alrededor de los aranceles: se centra en quién puede acceder al mercado, con qué reglas y bajo qué condiciones de competencia.
