El futuro del campo Sacha, el mayor productor de petróleo de Ecuador, depende de las decisiones que tome el Gobierno sobre la incorporación de capital privado. El Ejecutivo busca establecer un mecanismo contractual que permita financiar nuevas inversiones, sostener la producción y definir las condiciones económicas bajo las cuales el Estado compartiría los resultados de la operación.
El proceso vuelve a cobrar relevancia después de que el intento de adjudicación de 2025 no se concretara. Ahora, la discusión gira en torno a cómo seleccionar un socio, qué modelo contractual utilizar y qué garantías permitirían comparar las propuestas de los inversionistas bajo reglas transparentes.
Entre las alternativas planteadas está el mecanismo conocido como Swiss Challenge, que permitiría someter una propuesta inicial a competencia con otras ofertas, siempre que su aplicación sea compatible con la normativa ecuatoriana y las condiciones legales del proceso.
Ubicado en la provincia de Orellana, en la región amazónica, el campo Sacha es uno de los activos más importantes de la industria hidrocarburífera ecuatoriana. Su producción contribuye al abastecimiento de crudo del país y a los ingresos públicos asociados con la actividad petrolera.
Entre enero y agosto de 2026, el campo registró una producción promedio de 71.536 barriles diarios, un incremento del 5,6 % frente al mismo período de 2025, según las cifras proporcionadas para este análisis. El resultado refleja la importancia de mantener las instalaciones operativas y evaluar inversiones que permitan sostener el rendimiento del yacimiento.
La continuidad de la producción depende de diferentes factores, entre ellos el mantenimiento de la infraestructura, las perforaciones, la intervención de pozos existentes y la aplicación de tecnologías para optimizar la recuperación de petróleo.
En este contexto, la discusión sobre una eventual participación privada no se limita a determinar quién operará el campo. También implica establecer cuánto capital se necesita, qué compromisos asumirá el futuro operador y qué parte del valor económico generado permanecerá en Ecuador.
El Gobierno ya intentó incorporar inversión privada al campo mediante un proceso desarrollado en 2025. En febrero de ese año, el Ministerio de Energía adjudicó la operación al consorcio Sinopetrol, después de una recomendación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH).
La propuesta contemplaba un contrato de participación por 20 años, un pago anticipado de 1.500 millones de dólares al Estado y compromisos de inversión cercanos a 1.700 millones de dólares.
Sin embargo, el contrato no llegó a firmarse porque el consorcio no pagó el bono dentro del plazo establecido. La operación quedó sin concretarse y el Gobierno tuvo que afrontar nuevamente la tarea de definir cómo atraer capital para desarrollar el campo.
El antecedente plantea varios asuntos que deben considerarse en una nueva convocatoria: la capacidad financiera de los participantes, las garantías de cumplimiento, los plazos para formalizar los compromisos y las consecuencias de que un adjudicatario no cumpla las condiciones económicas ofrecidas.
También pone de relieve la importancia de evaluar las propuestas más allá del monto inicial. Una oferta debe analizarse considerando el conjunto de ingresos, inversiones, obligaciones y riesgos que asumirían el Estado y el operador durante la vigencia del contrato.
En septiembre de 2026, el presidente Daniel Noboa mencionó el interés de compañías de Emiratos Árabes Unidos, entre ellas ADNOC y Petromal, en el desarrollo del campo Sacha.
La referencia a estas empresas introduce la posibilidad de atraer capital internacional para financiar las operaciones petroleras. No obstante, expresar interés en un activo no equivale a presentar una oferta vinculante ni implica que exista un acuerdo contractual definitivo.
Para que ese interés se traduzca en una operación concreta, el Gobierno debe definir las condiciones de participación, los requisitos financieros y técnicos, los mecanismos de selección y las obligaciones que tendría el eventual adjudicatario.
La claridad de las reglas también es relevante para que los potenciales participantes puedan calcular el valor del proyecto y presentar ofertas comparables. Entre los elementos que inciden en esa evaluación están las reservas recuperables, el comportamiento esperado de la producción, los costos operativos y las proyecciones del precio internacional del petróleo.
La discusión sobre Sacha incluye distintas alternativas para organizar la participación privada. Cada modelo establece una relación diferente entre el Estado y el inversionista en materia de remuneración, financiamiento, distribución de ingresos y asignación de riesgos.
En un contrato de prestación de servicios, la empresa privada realiza determinadas actividades a cambio de una remuneración establecida contractualmente. La estructura concreta determina cómo se paga el servicio, qué costos se reconocen y qué obligaciones corresponden a cada parte.
Para evaluar esta alternativa, Ecuador tendría que analizar cómo se financiarían las inversiones, cuáles serían los incentivos para mejorar la producción y qué mecanismos permitirían verificar los costos y el cumplimiento de las metas operativas.
Los contratos de participación establecen una distribución de los resultados de la actividad hidrocarburífera conforme a las condiciones pactadas. Su viabilidad depende de la legislación aplicable, de las características del proyecto y de los términos económicos acordados.
El antecedente de 2025 contemplaba precisamente este tipo de contrato. Una nueva propuesta tendría que considerar las condiciones del mercado, las necesidades de inversión y los criterios económicos que el Estado establezca para valorar el activo.
Otra posibilidad consiste en estructurar una asociación estratégica que permita combinar capacidades técnicas, financiamiento y experiencia operativa. El alcance de esta modalidad dependería de la estructura jurídica elegida y de las competencias que mantendría cada participante.
En cualquiera de los modelos, resulta fundamental definir las responsabilidades de inversión, las metas de producción, las obligaciones ambientales, los mecanismos de fiscalización y las consecuencias ante incumplimientos.
Entre las propuestas planteadas para el campo Sacha está el mecanismo conocido como Swiss Challenge. Este procedimiento parte de una propuesta inicial que sirve como referencia para invitar a otros participantes a presentar ofertas competitivas, de acuerdo con reglas previamente establecidas.
En determinados diseños, el proponente original puede tener la oportunidad de igualar o mejorar la oferta más competitiva. Las condiciones específicas dependen del marco jurídico y de las reglas que regulen el procedimiento.
El consultor energético Nelson Baldeón ha planteado esta alternativa con el objetivo de promover la competencia y maximizar el valor económico que recibiría Ecuador por el desarrollo del campo.
Sin embargo, el Swiss Challenge es una propuesta de Baldeón y no una decisión oficial confirmada del Gobierno. Su eventual utilización requiere examinar su compatibilidad con la legislación ecuatoriana y con las obligaciones aplicables a la contratación del proyecto.
En particular, el análisis debe considerar el compromiso de realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluido Sacha, mencionado en el acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos firmado el 13 de marzo de 2026. El alcance jurídico de ese compromiso y su aplicación al procedimiento concreto deben verificarse antes de establecer el mecanismo definitivo.
El planteamiento presentado por Baldeón contempla un pago inicial de 1.500 millones de dólares y una inversión estimada de 1.716 millones de dólares para desarrollar el campo. La propuesta también calcula que el Estado podría captar alrededor del 82 % de la renta petrolera generada por el proyecto bajo los supuestos utilizados en su análisis.
Estas cifras deben interpretarse como estimaciones asociadas a un escenario económico específico, no como resultados garantizados ni como condiciones contractuales aprobadas por el Gobierno.
El pago inicial y la inversión prevista cumplen funciones distintas. El primero representa un ingreso que recibiría el Estado en los términos que se establezcan, mientras que la segunda corresponde a los recursos destinados a actividades de desarrollo, perforación, mantenimiento y optimización de la producción.
Por esa razón, sumar ambos montos no equivale automáticamente a calcular el beneficio neto para Ecuador. La evaluación debe incorporar los costos operativos, las obligaciones contractuales, los impuestos y demás ingresos públicos, así como la distribución de los riesgos financieros y productivos.
El escenario presentado por Baldeón estima un valor presente de aproximadamente 6.314 millones de dólares y una inyección económica nacional cercana a 6.700 millones de dólares.
Para interpretar estas proyecciones es necesario conocer los supuestos que las sustentan, entre ellos el volumen de producción esperado, los precios del petróleo, los costos de extracción, las inversiones requeridas y el período de evaluación.
El valor presente permite estimar cuánto representan hoy los flujos económicos futuros, considerando una tasa de descuento. El resultado puede variar de forma significativa cuando cambian las proyecciones de producción, los precios internacionales o los costos financieros y operativos.
Por su parte, la expresión inyección económica nacional debe distinguirse de los ingresos fiscales, la inversión directa y el valor presente del proyecto. Son indicadores diferentes y no deben interpretarse como cantidades equivalentes.
El porcentaje del 82 % atribuido al Estado también depende de la definición de renta petrolera y de los componentes incluidos en el cálculo. Por tanto, no representa una rentabilidad garantizada ni permite concluir por sí solo cuánto dinero recibiría efectivamente el presupuesto público.
Para comparar esta propuesta con otras ofertas, sería necesario utilizar una metodología común, supuestos actualizados y criterios transparentes que permitan evaluar el valor económico de cada alternativa.
La incorporación de un inversionista privado podría aportar recursos para financiar perforaciones, reparar pozos, modernizar instalaciones y aplicar técnicas destinadas a mejorar la recuperación de crudo. También podría facilitar el acceso a experiencia operativa y tecnología especializada.
Sin embargo, la participación privada no elimina automáticamente los riesgos económicos para el Estado. Las garantías, compensaciones, obligaciones de pago y demás cláusulas contractuales pueden generar compromisos que deben evaluarse antes de firmar el acuerdo.
El contrato tendría que definir quién financia cada actividad, cómo se reconocen los costos, qué ocurre si la producción queda por debajo de las metas y cuáles son las consecuencias de incumplir los compromisos de inversión.
Además, la supervisión de las operaciones debe contemplar el cumplimiento de las normas ambientales, la seguridad industrial y las obligaciones de reparación o cierre que correspondan. Estas condiciones son relevantes para determinar la distribución de responsabilidades durante la vida útil del campo.
El potencial económico del campo depende de factores técnicos y comerciales que deben incorporarse a cualquier evaluación contractual.
La comparación entre ofertas debería incluir escenarios alternativos de precios y producción para conocer cómo cambiarían los resultados ante condiciones menos favorables. De esa manera, el análisis no dependería únicamente de una proyección optimista.
La definición del mecanismo de contratación será uno de los pasos determinantes para el futuro del campo. Además de atraer inversionistas con capacidad financiera y técnica, el proceso deberá establecer criterios de selección verificables y condiciones contractuales conocidas de antemano.
La transparencia requiere identificar a los participantes, verificar sus capacidades, publicar las reglas aplicables y establecer mecanismos de control sobre las obligaciones asumidas. También resulta importante que las ofertas se comparen utilizando los mismos supuestos económicos y criterios de evaluación.
Si se utiliza un mecanismo como el Swiss Challenge, las bases tendrían que precisar cómo se recibe la propuesta inicial, cómo se convoca a otros interesados, qué parámetros determinan la oferta más conveniente y qué derechos tendría el proponente original.
La existencia de competencia, por sí sola, no garantiza un resultado económico determinado. El resultado dependerá de las condiciones del contrato, de la calidad de las ofertas y de la capacidad del Estado para fiscalizar su ejecución.
El Gobierno todavía debe establecer las condiciones para incorporar capital privado al campo Sacha y determinar el mecanismo que se utilizará para seleccionar a un operador o socio.
Entre los asuntos pendientes están la definición del modelo contractual, la estructura de pagos, los compromisos de inversión, las metas de producción y las garantías de cumplimiento. También será necesario precisar cómo se distribuirán los riesgos y qué indicadores permitirán medir los beneficios económicos para el país.
Las estimaciones presentadas por Nelson Baldeón aportan elementos para discutir distintas formas de valorar el proyecto, pero deberán contrastarse con las condiciones reales del mercado, los requerimientos técnicos del campo y las bases que finalmente establezca el Ejecutivo.
El futuro de Sacha, por tanto, no depende únicamente de encontrar una empresa dispuesta a invertir. La decisión también requiere definir un procedimiento de selección compatible con el marco legal, evaluar el valor económico del activo a largo plazo y establecer mecanismos que permitan supervisar el cumplimiento del contrato.
Hasta que el Gobierno publique las condiciones definitivas del proceso, no existe una estructura contractual confirmada que permita establecer cuál será el modelo de participación privada ni cuáles serán los beneficios económicos finales para Ecuador.
