La minería ecuatoriana atraviesa una etapa de expansión que está modificando el mapa de las exportaciones del país. El sector ya no representa una actividad secundaria dentro de la economía nacional: el oro y el cobre han ganado espacio en el comercio exterior y las operaciones de gran escala generan cientos de millones de dólares en ingresos fiscales.
El crecimiento también ha puesto sobre la mesa una pregunta clave para Ecuador: cómo aprovechar su riqueza mineral para atraer nuevas inversiones y desarrollar proyectos de largo plazo sin dejar de lado los controles ambientales, la seguridad, la relación con las comunidades y el cumplimiento de la legislación.
Los datos del Banco Central del Ecuador muestran la dimensión que ha adquirido esta actividad. En 2025, las exportaciones de productos mineros alcanzaron aproximadamente USD 4.163 millones, convirtiendo al sector en uno de los principales componentes de las exportaciones no petroleras del país.
El desempeño se mantuvo durante 2026. Entre enero y marzo, Ecuador exportó USD 1.381,4 millones en productos mineros, frente a USD 835,6 millones en el mismo periodo de 2025. El incremento interanual fue de 65,3 %.
Con ese resultado, la minería se ubicó en el tercer puesto entre los principales rubros de exportación ecuatorianos durante el primer trimestre de 2026, por encima de productos que históricamente han tenido un peso importante en la economía nacional.
La expansión de la minería ecuatoriana está estrechamente vinculada con dos metales: oro y cobre. Ambos cuentan con una demanda internacional relevante y son la base de las principales operaciones mineras a gran escala que actualmente funcionan en el país.
El Banco Central identifica a Fruta del Norte y Mirador como los principales proyectos en producción. El primero está enfocado en la extracción de oro, mientras que Mirador es una operación de cobre ubicada en Zamora Chinchipe.
Durante 2025, los ingresos por comercialización de Fruta del Norte alcanzaron aproximadamente USD 1.747 millones, mientras que Mirador registró ingresos por alrededor de USD 1.658 millones. Estas cifras muestran la importancia que han adquirido ambas operaciones para las exportaciones ecuatorianas.
La minería a gran escala también tiene un impacto directo en las cuentas públicas. En 2025, los impuestos, regalías y otras contribuciones pagadas por Mirador y Fruta del Norte sumaron USD 606 millones.
Fruta del Norte aportó aproximadamente USD 360 millones, mientras que Mirador contribuyó con USD 246 millones. De acuerdo con el Banco Central, se trata del mayor aporte tributario conjunto registrado por estas dos operaciones en la historia de la minería ecuatoriana.
El dato permite observar que la importancia del sector no se limita al valor de las exportaciones. Las operaciones mineras también generan ingresos para el Estado mediante impuestos, regalías y otras obligaciones asociadas a la actividad.
La provincia de Zamora Chinchipe ocupa una posición estratégica dentro del mapa minero ecuatoriano. Allí funcionan Mirador y Fruta del Norte, dos de las operaciones que explican una parte considerable de las exportaciones del sector.
La concentración también se refleja en la inversión. Durante 2025, Zamora Chinchipe recibió el 70,6 % de la inversión minera registrada en el país. Mirador destinó recursos a la segunda fase del proyecto y a la construcción de infraestructura energética propia, mientras Fruta del Norte continuó con actividades relacionadas con la exploración y desarrollo de nuevos recursos.
El escenario muestra que la minería ecuatoriana todavía se encuentra en una etapa de expansión y exploración, con varias provincias que podrían adquirir mayor relevancia si nuevos proyectos avanzan hacia las fases de construcción y producción.
Además de las minas que ya producen, Ecuador posee una cartera de proyectos que podría ampliar considerablemente la producción de oro y cobre durante los próximos años.
Entre los nombres más relevantes aparecen Cascabel, Cangrejos, Curipamba-El Domo, Warintza y Mirador Norte. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma etapa ni tienen garantizado el mismo calendario de desarrollo.
Por eso, el potencial de estos proyectos debe analizarse de manera individual. Algunos enfrentan procesos contractuales, ambientales o sociales, mientras otros continúan avanzando en exploración, estudios, construcción o preparación para una eventual producción.
El proyecto Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura, es uno de los activos mineros de mayor escala que busca desarrollar Ecuador.
Su relevancia está relacionada principalmente con sus recursos de cobre y con el volumen de inversión que podría movilizar. El proyecto cuenta con un contrato de explotación firmado en 2024, pero durante 2026 el Gobierno anunció su intención de renegociar determinados aspectos del acuerdo.
En marzo de 2026, la empresa china Jiangxi Copper Company Limited adquirió SolGold, compañía que tenía a su cargo el proyecto. Posteriormente, el Gobierno ecuatoriano informó que buscaba revisar las condiciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con la generación de energía.
Esto significa que Cascabel representa una enorme oportunidad para la minería ecuatoriana, pero su calendario de desarrollo debe observarse con cautela debido a las negociaciones en curso.
Otro proyecto relevante es Mirador Norte, considerado la segunda fase de la operación Mirador.
La ampliación tiene potencial para incrementar significativamente la producción de cobre de la empresa operadora. El proyecto, sin embargo, también se encuentra condicionado por cambios contractuales y por la exigencia gubernamental de incorporar soluciones de autogeneración eléctrica.
El Gobierno ha planteado renegociaciones tanto para Mirador Norte como para Cascabel, por lo que ambos proyectos forman parte de una etapa de revisión que podría influir en sus respectivos cronogramas de desarrollo.
La cartera minera ecuatoriana también incluye proyectos de gran interés como Cangrejos, en El Oro; Curipamba-El Domo, en Bolívar; y Warintza, en Morona Santiago.
Curipamba-El Domo se caracteriza por la presencia de minerales como cobre, zinc, plomo, oro y plata. Los estudios técnicos del proyecto contemplan la producción de distintos tipos de concentrados destinados a mercados internacionales.
Warintza, por su parte, es uno de los proyectos de cobre de mayor superficie dentro de la cartera minera del país. Su ubicación en Morona Santiago lo convierte además en un proyecto especialmente relevante desde el punto de vista territorial y social.
Cangrejos, en El Oro, también ha ganado importancia dentro del sector y se perfila como otro de los proyectos capaces de ampliar la producción minera ecuatoriana si supera las distintas etapas necesarias para llegar a una operación de gran escala.
La existencia de grandes reservas de oro o cobre es apenas el primer paso. Convertir un depósito mineral en una mina requiere años de exploración, estudios técnicos, inversión, permisos, infraestructura y acuerdos que permitan operar de manera estable.
Uno de los principales retos para Ecuador es precisamente transformar su potencial geológico en proyectos ejecutables.
Para lograrlo se necesitan carreteras y sistemas de transporte adecuados, acceso a electricidad, disponibilidad de agua bajo condiciones reguladas, seguridad para las operaciones, reglas claras para los inversionistas y procesos administrativos que permitan avanzar sin perder los controles correspondientes.
La minería requiere inversiones de gran magnitud y periodos prolongados para recuperar el capital. Por esa razón, las empresas necesitan conocer con anticipación las condiciones regulatorias, tributarias, ambientales y contractuales bajo las cuales desarrollarán sus proyectos.
Los procesos de renegociación de proyectos como Cascabel y Mirador Norte muestran precisamente la importancia de este factor. Para el Estado, revisar condiciones que considere inconvenientes puede ser parte de su política minera; para los inversionistas, la estabilidad de las reglas es un elemento fundamental para decidir si comprometen capital durante décadas.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre los intereses del Estado, las empresas, las comunidades y la protección ambiental.
Otro obstáculo está relacionado con el acceso a las áreas concesionadas. La actividad minera requiere autorización sobre el territorio y puede encontrarse con oposición de comunidades o con procedimientos que impidan temporalmente el desarrollo de determinadas concesiones.
El propio Banco Central registra casos de concesiones que han permanecido suspendidas debido a impedimentos ejercidos por comunidades. Esto demuestra que la disponibilidad de un recurso mineral no garantiza por sí sola que una empresa pueda iniciar actividades de exploración o explotación.
La relación con las comunidades se convierte así en un elemento central para la viabilidad de los proyectos.
El Gobierno también ha avanzado en la reapertura progresiva del Catastro Minero Nacional, una herramienta fundamental para ordenar y registrar los derechos mineros.
En mayo de 2026, la Agencia de Regulación y Control Minero aprobó una apertura gradual para el registro y otorgamiento de nuevas concesiones de explotación correspondientes a pequeña minería de materiales áridos y pétreos. El proceso comenzó de manera focalizada en el corredor de Guayaquil, Daule y Samborondón.
La reapertura no significa una liberación general e inmediata de todas las áreas para actividades mineras. El procedimiento está sujeto a condiciones técnicas y a las disposiciones establecidas por la normativa vigente.
El crecimiento de la minería formal ocurre mientras Ecuador enfrenta también la expansión de actividades mineras ilegales.
La minería ilegal genera problemas ambientales, sociales y de seguridad, además de afectar la competencia de las empresas que operan bajo permisos y obligaciones tributarias. La extracción sin controles puede estar asociada con contaminación de fuentes de agua, deforestación, explotación laboral y presencia de organizaciones criminales en determinadas zonas.
Por eso, el fortalecimiento de la minería formal no depende únicamente de atraer nuevos proyectos. También requiere mejorar los mecanismos de control, trazabilidad y fiscalización para diferenciar claramente las operaciones autorizadas de aquellas que funcionan fuera del marco legal.
El cobre tiene una importancia estratégica que va más allá de la industria minera tradicional. Es un componente fundamental para redes eléctricas, infraestructura energética, equipos electrónicos, vehículos eléctricos y tecnologías vinculadas con la transición energética.
La presencia de grandes proyectos cupríferos ofrece a Ecuador la posibilidad de aumentar y diversificar sus exportaciones. Sin embargo, también expone al país a los movimientos de los precios internacionales y a las condiciones de la demanda mundial.
El desarrollo de una mayor producción de cobre podría reducir parcialmente la dependencia de un sector minero concentrado en el oro y permitir que Ecuador construya una cartera exportadora más diversificada.
Las proyecciones oficiales apuntan a un crecimiento considerable de las exportaciones mineras durante la próxima década. El Gobierno ha planteado escenarios en los que el valor exportado podría superar ampliamente los niveles actuales hacia 2036.
Sin embargo, estas proyecciones deben entenderse como escenarios sujetos al avance efectivo de los proyectos. La construcción de una mina puede tardar varios años y requiere superar etapas técnicas, financieras, ambientales, sociales y regulatorias.
Por ello, el aumento de las exportaciones no dependerá únicamente del precio internacional del oro o del cobre. También estará determinado por la capacidad del país para convertir proyectos en operaciones productivas.
Una industria minera formal puede aportar a Ecuador en diferentes frentes:
El crecimiento de la minería también implica mayores responsabilidades ambientales. La extracción de minerales modifica el territorio y requiere sistemas de prevención, mitigación, monitoreo y recuperación de las áreas intervenidas.
Los proyectos deben cumplir con la normativa ambiental y someterse a los procesos correspondientes antes de avanzar hacia determinadas etapas de explotación.
Para Ecuador, la discusión ya no debería limitarse a decidir entre minería sí o minería no. El debate también pasa por determinar qué proyectos cumplen las condiciones técnicas, ambientales y sociales necesarias para operar y qué mecanismos permitirán controlar efectivamente sus impactos.
Las grandes operaciones mineras pueden convertirse en polos de actividad económica para sus zonas de influencia. Sin embargo, el impacto sobre las comunidades no depende exclusivamente de la cantidad de empleos directos que genere una mina.
También son importantes la contratación de proveedores locales, la capacitación de trabajadores, la inversión social y la manera en que se distribuyen los beneficios económicos de la actividad.
Una expansión sostenible del sector requiere que las comunidades cercanas perciban beneficios concretos y que existan mecanismos adecuados para atender preocupaciones y conflictos.
Los resultados de 2025 y 2026 muestran que la minería ya ocupa un lugar importante dentro de la economía ecuatoriana. Con más de USD 4.000 millones en exportaciones mineras durante 2025 y USD 1.381 millones en el primer trimestre de 2026, el sector ha dejado de ser marginal para convertirse en uno de los principales motores de las exportaciones no petroleras.
Mirador y Fruta del Norte han demostrado que Ecuador puede operar minas de gran escala y generar importantes ingresos fiscales. Al mismo tiempo, proyectos como Cascabel, Cangrejos, Curipamba-El Domo, Warintza y Mirador Norte muestran que todavía existe un amplio potencial de expansión.
Pero el siguiente salto no está garantizado. Ecuador deberá resolver desafíos relacionados con seguridad jurídica, infraestructura, energía, acceso a territorios, relaciones comunitarias, controles ambientales y lucha contra la minería ilegal.
El verdadero potencial de la minería ecuatoriana estará determinado, por tanto, no solo por la cantidad de oro y cobre que existe bajo tierra, sino por la capacidad del país para convertir esos recursos en inversión, producción formal, empleo y mayores ingresos para el Estado bajo reglas claras y estándares adecuados.
Según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones del sector minero alcanzaron aproximadamente USD 4.163 millones en 2025.
Entre enero y marzo de 2026, las exportaciones de productos mineros llegaron a USD 1.381,4 millones, con un crecimiento de 65,3 % frente al mismo periodo de 2025.
Las dos principales operaciones de minería metálica a gran escala actualmente en producción son Fruta del Norte, dedicada principalmente al oro, y Mirador, enfocada en el cobre. Ambas están ubicadas en Zamora Chinchipe.
Entre impuestos, regalías y otras contribuciones, las dos operaciones generaron conjuntamente USD 606 millones durante 2025.
Entre los proyectos más relevantes están Cascabel, Cangrejos, Curipamba-El Domo, Warintza y Mirador Norte. Sus etapas de desarrollo son diferentes y algunos enfrentan procesos contractuales o condiciones que pueden modificar sus cronogramas.
Sí. La apertura está siendo gradual y focalizada. En 2026, ARCOM aprobó un proceso para nuevas concesiones de pequeña minería de materiales áridos y pétreos, inicialmente en el corredor Guayaquil-Daule-Samborondón.
El reto consiste en transformar el potencial geológico en proyectos productivos que sean viables desde el punto de vista financiero, legal, ambiental y social. Para ello se requieren seguridad jurídica, infraestructura, energía, permisos, controles efectivos y una relación adecuada con las comunidades.
