La industria de hidrocarburos de Perú enfrenta un deterioro que se refleja principalmente en la caída de la exploración, la reducción de contratos y la menor llegada de capital privado. El problema no se limita a la actividad petrolera: también plantea interrogantes sobre la seguridad energética del país, la reposición de reservas y su capacidad para reducir la dependencia de combustibles importados.
Los datos disponibles muestran una diferencia cada vez mayor entre el potencial geológico del país y la actividad efectiva de exploración. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) señala que Perú cuenta con 18 cuencas con potencial para hidrocarburos, pero únicamente cinco se encuentran activas. El gremio también advierte que los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a apenas cinco en 2024 y que durante 2025 no se registraron pozos exploratorios.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), por su parte, mantiene estadísticas periódicas sobre sísmica, perforación, producción y contratos vigentes, lo que evidencia la relevancia que todavía tiene la actividad upstream dentro de la planificación energética nacional.
Uno de los indicadores más preocupantes es el comportamiento de la inversión destinada a encontrar nuevos yacimientos. Según cifras difundidas por la SNMPE y recogidas por representantes del sector, la inversión en exploración petrolera pasó de aproximadamente US$638 millones en 2010 a solo US$9,28 millones en 2025.
La cifra implica una contracción cercana al 99% respecto del nivel registrado 15 años antes. Además, la SPH sostiene que la producción nacional de petróleo se encuentra actualmente alrededor de los 44.000 barriles diarios, muy por debajo de los más de 127.000 barriles diarios que el país llegó a producir en la década de 1990.
El panorama continuó siendo débil durante 2026. Los informes estadísticos del MINEM incluyen información mensual sobre inversión, perforación y contratos de exploración, mientras que los reportes de la SNMPE siguen mostrando la evolución del sector hidrocarburos.
La exploración es la etapa que permite identificar nuevos recursos que eventualmente pueden convertirse en reservas comerciales. Cuando la actividad exploratoria disminuye durante varios años, el efecto no necesariamente aparece de inmediato en la producción, pero puede comprometer la capacidad futura de reemplazar los volúmenes que dejan de producir los campos maduros.
Este es uno de los principales argumentos planteados por la SPH. El gremio considera que reactivar la exploración permitiría reponer reservas, ampliar la producción nacional y disminuir la exposición de Perú a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles.
El problema adquiere mayor importancia porque el desarrollo de un proyecto petrolero requiere largos períodos de evaluación, estudios geológicos y sísmicos, perforación exploratoria, permisos, construcción de infraestructura y posteriormente producción comercial. Por ello, una reducción prolongada de la exploración puede trasladar sus efectos a la oferta energética varios años después.
La disminución de la inversión está acompañada por una contracción del número de contratos destinados a explorar nuevas áreas. La SPH señala que el país pasó de 41 contratos de exploración en 2015 a cinco en 2024 y que en 2025 no se perforaron pozos exploratorios.
La información oficial de Perúpetro permite consultar los contratos de hidrocarburos vigentes diferenciando aquellos que se encuentran en fase de exploración de los que están en explotación. La empresa estatal también registra convenios de evaluación técnica, una modalidad utilizada para estudiar áreas con potencial antes de avanzar hacia una etapa contractual de mayor compromiso.
Precisamente, los convenios de evaluación técnica muestran que todavía existe interés por estudiar determinadas áreas. A julio de 2026, Perúpetro registraba convenios en zonas como Tumbes, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Piura, Talara, Huánuco y Cusco, entre otras.
Para las compañías petroleras, el atractivo de un país no depende únicamente del tamaño de sus reservas potenciales. También influyen el tiempo necesario para obtener permisos, la estabilidad de los contratos, el régimen fiscal, las regalías, las obligaciones ambientales, la infraestructura disponible y la previsibilidad de las reglas.
El sector privado sostiene que Perú enfrenta procesos extensos para llevar un proyecto desde la exploración hasta la producción. En comparación con otros países productores de la región, esta demora puede convertirse en una desventaja cuando las empresas tienen alternativas para asignar capital.
La SNMPE mantiene un manual específico de inversión en hidrocarburos destinado a explicar los principales procedimientos y normas que regulan las actividades de exploración y explotación en Perú, una señal de la complejidad regulatoria que deben gestionar los inversionistas.
Otro de los puntos cuestionados por los operadores es el esquema de regalías. La SPH plantea revisar las condiciones económicas de los contratos para hacerlas más competitivas frente a otros productores latinoamericanos.
Las regalías constituyen una contraprestación que las empresas pagan al Estado por la explotación de hidrocarburos y se calculan sobre la producción y las condiciones establecidas para cada contrato. En el primer semestre de 2025, las compañías del sector aportaron más de US$568 millones por este concepto, según información de Perupetro difundida por la SPH.
El desafío para las autoridades consiste en encontrar un equilibrio entre captar una parte adecuada de la renta generada por los recursos naturales y mantener condiciones suficientemente competitivas para que los proyectos de alto riesgo exploratorio resulten económicamente viables.
La pérdida de dinamismo de la industria petrolera ocurre mientras Perú necesita recurrir al mercado internacional para cubrir una parte importante de su demanda de combustibles.
El propio MINEM ha informado durante 2026 sobre la importancia de las importaciones y de la normalización de los despachos para garantizar el abastecimiento interno. En marzo, el ministerio señaló que la llegada de nuevas importaciones, junto con la recuperación de la producción nacional, permitía atender la demanda de hogares, comercios y transporte.
Esta dependencia expone al mercado peruano a factores externos como el precio internacional del petróleo, los costos de transporte marítimo, los tipos de cambio y las interrupciones en las cadenas mundiales de suministro.
Una mayor producción local no eliminaría la necesidad de importar derivados, debido a las características de la demanda y de la infraestructura de refinación, pero sí podría reducir la exposición del país al mercado externo y fortalecer su seguridad energética.
El deterioro de la exploración no significa que el país haya agotado su potencial hidrocarburífero. La SPH identifica 18 cuencas con recursos potenciales y sostiene que existen áreas capaces de contribuir a una mayor producción si se generan las condiciones para atraer inversiones.
Perúpetro, además, continúa trabajando con empresas mediante convenios de evaluación técnica. En 2026 aparecen operadores y áreas en distintas regiones del país, lo que demuestra que todavía existen proyectos en etapas preliminares de análisis.
El reto consiste en convertir ese potencial geológico en proyectos económicamente viables, con reglas claras, permisos oportunos y mecanismos contractuales que permitan a las empresas asumir el riesgo exploratorio.
La discusión sobre hidrocarburos en Perú no se limita al petróleo. El gas natural tiene un papel estratégico en la generación eléctrica, la industria, el transporte y el consumo residencial.
La SPH estima que el gas natural aporta cerca del 40% de la generación eléctrica del país, pero advierte que todavía existen 14 regiones sin acceso a este recurso. Para el gremio, la masificación y el desarrollo de nuevas inversiones deben formar parte de una política energética de largo plazo.
Esto agrega otra dimensión al problema de inversión: además de recuperar la exploración petrolera, Perú necesita asegurar el desarrollo de sus recursos gasíferos y ampliar la infraestructura necesaria para llevar el gas a más consumidores.
La recuperación del sector también ha entrado en la agenda legislativa. En septiembre de 2026, la SPH señaló que el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo podía servir para promover inversiones en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos, además de mejorar los mecanismos contractuales y simplificar procedimientos administrativos.
La propuesta refleja uno de los principales reclamos de la industria: reducir los tiempos que separan la identificación de un recurso potencial de la ejecución efectiva de un proyecto.
Sin embargo, una eventual reforma deberá enfrentar también desafíos ambientales, sociales y territoriales. El objetivo de acelerar la inversión no elimina la necesidad de cumplir con los procesos de evaluación ambiental, consulta cuando corresponda, relacionamiento con las comunidades y supervisión de las operaciones.
La discusión sobre el futuro de los hidrocarburos apunta a varios factores que deben funcionar de manera conjunta. No basta con modificar una sola variable si el resto de la cadena continúa generando incertidumbre para los inversionistas.
Perú enfrenta una paradoja: dispone de un amplio potencial hidrocarburífero, pero la inversión destinada a descubrir nuevos recursos se encuentra en niveles históricamente bajos. La caída de la exploración, la reducción de contratos y la ausencia de pozos exploratorios recientes aumentan el riesgo de que el país tenga menos reservas disponibles para sostener su producción futura.
Los datos oficiales muestran que el Estado continúa monitoreando la actividad mediante información sobre contratos, perforación, producción y otras variables del sector. Al mismo tiempo, Perúpetro mantiene mecanismos de evaluación de nuevas áreas y la industria plantea reformas para recuperar el interés de los inversionistas.
La discusión, por tanto, no se reduce a producir más petróleo. El desafío es construir una política energética capaz de combinar inversión privada, ingresos para el Estado, seguridad de abastecimiento, protección ambiental y desarrollo regional.
Si Perú logra reducir la incertidumbre regulatoria, acelerar los procesos sin debilitar los controles y establecer condiciones económicas competitivas, todavía existe espacio para reactivar la exploración. De lo contrario, la brecha entre el potencial de sus recursos y la producción efectiva podría seguir ampliándose, aumentando la dependencia de las importaciones y la exposición de la economía a los precios internacionales de la energía.
