La declaración incorrecta de mercancías peligrosas se ha convertido en un riesgo cada vez más costoso para exportadores, agentes de carga y operadores logísticos. Las principales navieras están reforzando sus controles, aplicando cargos contractuales que pueden alcanzar decenas de miles de dólares por contenedor y restringiendo el acceso a nuevas reservas cuando detectan ocultamiento, información falsa o incumplimientos en la documentación.
La tendencia también avanza en China, donde seis compañías de transporte marítimo doméstico anunciaron un mecanismo de cooperación para compartir información sobre infractores y limitar nuevas contrataciones. Estas medidas se suman a las políticas de las grandes líneas internacionales y a las exigencias del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG), cuya Enmienda 42-24 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026.
El mensaje para el comercio exterior es claro: describir una carga de forma incorrecta no solo puede retrasar un embarque. También puede provocar la cancelación de reservas, gastos de inspección, reclamaciones por daños y la pérdida de acceso a determinados servicios marítimos.
En octubre de 2026, seis operadores de transporte marítimo doméstico en China hicieron pública una iniciativa conjunta para combatir el ocultamiento y la declaración fraudulenta de mercancías peligrosas. La medida busca reforzar la seguridad de las operaciones y mejorar el control sobre la información que reciben las compañías antes de aceptar una carga.
El grupo está integrado por Shanghai Pan Asia Shipping, Quanzhou Antong Logistics, Xinfeng Shipping, Shanghai Zhonggu Logistics, Tangshan Port Hede Shipping y Ningbo Ocean Shipping.
La iniciativa contempla el intercambio sectorial de antecedentes relacionados con infracciones en el transporte de mercancías peligrosas. Entre las conductas que preocupan a los operadores figuran presentar sustancias reguladas como carga general, omitir información relevante sobre su composición o naturaleza y utilizar descripciones que impidan identificar correctamente los riesgos.
Los expedidores, transitarios y otros participantes que incumplan las condiciones podrán quedar sujetos a restricciones comerciales. Según el mecanismo anunciado, las compañías participantes podrán suspender o rechazar nuevas reservas mientras el responsable no haya corregido la infracción y las medidas correctivas correspondientes no hayan sido verificadas.
El sistema ha sido comparado con una lista negra sectorial. Sin embargo, es importante distinguir su alcance: el intercambio de información entre las empresas participantes no significa, por sí mismo, que exista una prohibición automática y permanente para contratar con todas las navieras del mundo.
Las consecuencias concretas dependerán de las reglas del mecanismo, de las condiciones contractuales y de las disposiciones legales aplicables. Si una declaración incorrecta ocasiona un accidente, también pueden surgir reclamaciones por daños a personas, instalaciones, mercancías o al medioambiente.
Entre las políticas más severas citadas en el sector se encuentran las asociadas a Wan Hai Lines. Según las condiciones comerciales reportadas para determinados supuestos de ocultamiento o declaración incorrecta, las penalidades pueden alcanzar los US$100.000 por contenedor. También se han señalado garantías o depósitos por importes similares para responder por los posibles costos derivados de una infracción.
Estas cantidades deben comprobarse en la tarifa, las condiciones de transporte y el mercado correspondiente antes de utilizarlas como referencia para una operación concreta. No constituyen una tarifa universal aplicable a todos los embarques de Wan Hai ni a todas las rutas.
Además, una penalidad contractual y un depósito de garantía cumplen funciones diferentes. La penalidad es un cargo previsto en las condiciones comerciales cuando se configura el incumplimiento. La garantía, en cambio, busca respaldar el pago de obligaciones o gastos potenciales. Su tratamiento, aplicación y eventual devolución dependen de los términos que rijan la operación.
Los costos adicionales pueden incluir inspecciones, manipulación especial, almacenamiento, demoras, movimientos extraordinarios del contenedor, intervención de autoridades y medidas de seguridad. Si se produce un incidente, también pueden surgir reclamaciones por daños que excedan ampliamente el valor de la mercancía transportada.
Para las empresas que trabajan con esta naviera, la recomendación es solicitar y revisar la versión vigente de las condiciones aplicables a su ruta y servicio. La confirmación de una reserva no debe interpretarse como una exención de las obligaciones de declarar correctamente la carga.
Las penalidades varían según el transportista, el país de origen, el servicio contratado y la naturaleza de la infracción. Algunas compañías establecen cargos administrativos por conocimiento de embarque o reserva, mientras que otras aplican importes por contenedor. A estas cantidades pueden sumarse los gastos ocasionados por la corrección del embarque y las responsabilidades derivadas de un incidente.
En el caso de Maersk, la documentación comercial también advierte que los gastos asociados a correcciones, retrasos, daños, pérdidas y reclamaciones pueden cobrarse adicionalmente. Hapag-Lloyd, por su parte, ha vinculado sus cargos a supuestos de incumplimiento deliberado, por lo que no corresponde interpretar todas las tarifas como sanciones automáticas para cualquier error documental.
Las diferencias entre compañías muestran por qué no es suficiente utilizar una cifra aislada como referencia. Antes de reservar un espacio, los expedidores y transitarios deben consultar las condiciones particulares de la naviera, el puerto de salida y la ruta elegida.
También conviene precisar que estos cargos comerciales no son necesariamente multas gubernamentales. Una penalidad prevista en un contrato de transporte es distinta de una sanción impuesta por una autoridad competente. Ambas pueden coexistir si los hechos infringen las condiciones contractuales y la legislación aplicable.
El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, conocido como Código IMDG, establece los requisitos para transportar este tipo de productos por mar en forma embalada. Su marco regulatorio abarca la clasificación de las sustancias, los envases y embalajes, el marcado, el etiquetado, la documentación, la estiba y la segregación de cargas incompatibles.
La Enmienda 42-24, incorporada a la edición 2024 del Código, entró en vigor el 1 de enero de 2026 y es obligatoria desde esa fecha. Sus disposiciones se aplican al transporte marítimo de mercancías peligrosas en bultos dentro del ámbito regulado por el código.
El Código IMDG está relacionado con el capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Además, las disposiciones sobre sustancias perjudiciales transportadas en forma embalada se vinculan con el Anexo III del Convenio MARPOL, orientado a prevenir la contaminación procedente de los buques.
Estas normas no se limitan a exigir que una sustancia figure en un documento. La carga debe identificarse correctamente y cumplir las condiciones técnicas de embalaje, señalización, manipulación y ubicación a bordo que correspondan a su clasificación.
La clasificación errónea puede llevar a que el personal de la terminal y la tripulación desconozcan los riesgos reales de un contenedor. Esto dificulta la planificación de la estiba, la separación de productos incompatibles y la respuesta ante una emergencia.
Las baterías de litio representan uno de los focos de preocupación para la industria marítima debido al riesgo de incendio asociado con daños, cortocircuitos, defectos o condiciones inadecuadas de transporte. En determinadas circunstancias, una batería puede experimentar una fuga térmica, un proceso que genera calor de forma acelerada y puede desencadenar incendios difíciles de controlar.
Entre las referencias habituales se encuentran el número ONU 3480, correspondiente a baterías de ion-litio transportadas por sí solas, y el número ONU 3481, utilizado para baterías de ion-litio embaladas con equipos o contenidas en ellos, según corresponda.
La clasificación exacta depende de las características del producto, su configuración y las disposiciones aplicables. Algunas baterías pueden acogerse a exenciones o condiciones especiales del Código IMDG, pero eso no significa que desaparezcan todos los requisitos de seguridad o que la naviera no pueda exigir información adicional.
De hecho, CMA CGM ha publicado avisos específicos en India que exigen declarar las baterías de ion-litio incluso en determinados supuestos en los que pueden acogerse a la disposición especial 188. Esos avisos también contemplan documentación de respaldo y procedimientos de aprobación para las cargas incluidas en su alcance.
Por ello, los exportadores no deberían asumir que una batería es carga general únicamente porque el producto final sea un teléfono, un ordenador, una herramienta eléctrica u otro equipo de uso cotidiano. Es necesario determinar si contiene baterías, identificar sus características y confirmar qué reglas corresponden al embarque concreto.
Cuando resulte aplicable, puede exigirse el resumen de pruebas previsto en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, sección 38.3, conocido como UN 38.3. Este documento acredita información relacionada con las pruebas de seguridad de las baterías y no debe confundirse con la declaración de mercancías peligrosas ni con la ficha de datos de seguridad.
Uno de los errores más habituales consiste en considerar que disponer de una ficha de datos de seguridad es suficiente para cumplir con los requisitos de transporte marítimo. Aunque este documento aporta información esencial sobre la composición, los peligros y la manipulación de un producto, no reemplaza automáticamente la documentación específica exigida para su expedición.
La ficha debe utilizarse como una fuente técnica para determinar la naturaleza de la mercancía y comprobar sus requisitos de transporte. A partir de esa evaluación, el responsable debe preparar la información y las declaraciones que correspondan conforme al Código IMDG y a las instrucciones de la naviera.
La documentación puede incluir, según el producto y la operación, los siguientes elementos:
No todos estos requisitos se aplican de la misma manera a todas las sustancias. La información debe determinarse según la entrada correspondiente en la Lista de Mercancías Peligrosas del Código IMDG, sus disposiciones especiales y las condiciones de transporte.
La coherencia entre documentos también es fundamental. La descripción de la reserva, la factura comercial, la lista de empaque, la declaración aduanera, la declaración de mercancías peligrosas y el conocimiento de embarque deben reflejar correctamente la operación. Si existen diferencias, deben aclararse antes de que la carga avance hacia el embarque.
La responsabilidad por una declaración incorrecta puede extenderse más allá de la empresa que entrega físicamente el contenedor. El expedidor, los intermediarios y otros participantes pueden afrontar consecuencias de acuerdo con sus obligaciones contractuales, su intervención en la operación y la legislación aplicable.
Para un exportador, las repercusiones pueden incluir la pérdida del espacio reservado, la inmovilización de la mercancía, gastos extraordinarios, penalidades contractuales y reclamaciones por incumplimiento. Si se descubre una sustancia no declarada después de que el contenedor haya ingresado a la terminal o se encuentre a bordo, la solución puede resultar mucho más compleja y costosa.
Los agentes de carga y transitarios también deben evitar aceptar descripciones genéricas sin comprobaciones suficientes. Términos como productos electrónicos, artículos químicos, repuestos o mercancía industrial pueden ser insuficientes para determinar los riesgos y las exigencias de transporte.
Esto no significa que todos los intermediarios asuman automáticamente la misma responsabilidad legal que el expedidor. El alcance de sus obligaciones dependerá de las funciones que desempeñen, los compromisos que hayan aceptado y las normas aplicables. Sin embargo, verificar la información del cliente constituye una medida esencial de gestión del riesgo.
Las consecuencias económicas pueden agravarse cuando un incidente afecta a otros contenedores, interrumpe operaciones portuarias o requiere actuaciones de emergencia. En esos casos, los costos pueden incluir daños materiales, gastos de respuesta, limpieza, demoras y reclamaciones de terceros.
La prevención comienza antes de solicitar una reserva marítima. Las empresas que exportan productos químicos, baterías, equipos electrónicos, materiales industriales u otras mercancías potencialmente reguladas deberían establecer un procedimiento de verificación que involucre al área comercial, al responsable de logística y al proveedor de la mercancía.
Las siguientes medidas ayudan a reducir los errores:
Cuando existan dudas sobre la naturaleza de una mercancía, lo más prudente es detener la gestión de la reserva y consultar al fabricante, al especialista en mercancías peligrosas o al equipo de cumplimiento de la naviera. Corregir una descripción antes de la aceptación del embarque suele ser mucho más sencillo que resolver una infracción después de que la carga haya ingresado al circuito portuario.
El endurecimiento de las políticas de declaración refleja una preocupación que combina seguridad operativa, protección ambiental y control de riesgos comerciales. Las navieras necesitan conocer qué transportan para planificar la estiba, separar mercancías incompatibles y disponer de información adecuada ante una emergencia.
Los mecanismos de intercambio de antecedentes anunciados en China muestran, además, que las consecuencias de una infracción pueden ir más allá de un cargo económico puntual. Para los operadores incluidos en estas iniciativas, el incumplimiento puede afectar la posibilidad de contratar nuevos servicios con las empresas participantes.
Al mismo tiempo, las penalidades publicadas por compañías como Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM evidencian que la declaración incorrecta puede generar gastos considerables incluso cuando no se produce un accidente. Los importes y las condiciones varían según el transportista y el mercado, por lo que es indispensable verificar la tarifa vigente antes de cada operación.
En un entorno de mayor vigilancia, la documentación deja de ser un trámite secundario y se convierte en una parte central de la seguridad logística. Exportadores, agentes de carga y demás participantes deben asegurarse de que la mercancía esté correctamente identificada, clasificada, embalada y declarada antes de solicitar su transporte.
Una revisión documental rigurosa puede evitar no solo penalidades y demoras, sino también incidentes capaces de poner en peligro a las tripulaciones, al personal portuario, a otros embarques y al medioambiente.
