El proyecto para modernizar Puerto Caldera, una de las principales infraestructuras del comercio exterior de Costa Rica, superó un nuevo obstáculo judicial. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) informó que el Juzgado Contencioso Administrativo revocó la medida cautelar que mantenía suspendidos los trámites para formalizar el contrato de concesión adjudicado al Consorcio Sunset, integrado por APM Terminals y Hanseatic Global Terminals (HGT).
La resolución fue emitida el 7 de octubre de 2026 y comunicada por el INCOP al día siguiente. Con esta decisión, quedó sin efecto la suspensión provisionalísima concedida el 27 de julio, mientras que la solicitud cautelar presentada contra el Estado y la institución portuaria fue declarada sin lugar.
El pronunciamiento permite retomar los procedimientos contractuales vinculados con la concesión. Sin embargo, no representa una autorización automática para iniciar las obras ni sustituye los permisos ambientales, técnicos y administrativos que correspondan al desarrollo del proyecto.
La controversia judicial estaba relacionada con una posible superposición entre el área contemplada para la concesión portuaria y la Zona Protectora de Tivíves. La solicitud cautelar pretendía suspender los efectos de la adjudicación ante el riesgo de que el proyecto pudiera afectar ese espacio protegido.
Según la información difundida por el INCOP y recogida por medios costarricenses, el juzgado examinó los elementos incorporados al expediente, incluidos informes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Estos documentos situarían el área de la nueva concesión fuera de los límites de la zona protegida.
A partir de los elementos valorados, el órgano judicial consideró que no existían fundamentos suficientes para mantener la suspensión cautelar solicitada. En consecuencia, revocó la medida provisional y rechazó la petición presentada contra el Estado y el INCOP.
La decisión se refiere a la procedencia de mantener una medida cautelar durante el proceso judicial. Por ello, no debe interpretarse como una declaración general de que cualquier intervención futura estará exenta de controles ambientales o de que se hayan resuelto definitivamente todas las posibles controversias relacionadas con la concesión.
El principal efecto inmediato de la resolución es que el INCOP puede continuar con los trámites necesarios para formalizar el contrato de concesión con el Consorcio Sunset, de acuerdo con el estado del procedimiento y los requisitos legales aplicables.
Antes del pronunciamiento judicial, la medida provisional impedía avanzar en esa formalización. Con su revocación, se elimina ese impedimento cautelar específico, lo que abre nuevamente el camino administrativo para continuar con el proyecto de modernización portuaria.
No obstante, deben distinguirse tres etapas: la adjudicación de la concesión, la formalización contractual y la ejecución de las obras. Aunque el proceso ya cuenta con una adjudicación confirmada en la vía administrativa, el levantamiento de la medida cautelar no significa por sí mismo que todos los requisitos para iniciar la construcción estén cumplidos.
Las intervenciones físicas deberán ajustarse a las autorizaciones ambientales, técnicas y administrativas exigibles. También será necesario atender las condiciones establecidas en el contrato y las obligaciones que correspondan al concesionario y a las autoridades competentes.
El Consorcio Sunset está integrado por APM Terminals y Hanseatic Global Terminals. Ambas compañías participaron en el procedimiento licitatorio para asumir la concesión destinada a modernizar la infraestructura y el equipamiento de Puerto Caldera.
En marzo de 2026, la Junta Directiva del INCOP aprobó la recomendación de adjudicar el proyecto al consorcio, tras conocer el informe de la comisión evaluadora. Según la institución, Sunset fue el único oferente que cumplió satisfactoriamente los criterios de admisibilidad establecidos para continuar en el procedimiento.
La licitación correspondió al expediente 2024-LY-CAL-000001-INCOP, cuyo objeto es una concesión de obra pública con servicio público para la modernización de la infraestructura y el equipamiento portuario.
El proceso también enfrentó recursos de apelación presentados por International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), otra de las empresas participantes. El 7 de julio de 2026, la Contraloría General de la República emitió la resolución R-DCP-00037-2026, mediante la cual rechazó esos recursos y confirmó la adjudicación al Consorcio Sunset.
La Contraloría señaló que la oferta de ICTSI incumplía un requisito financiero de admisibilidad relacionado con el límite permitido para la relación entre deuda y patrimonio. Con ese pronunciamiento, se agotó la vía administrativa correspondiente a las apelaciones contra la adjudicación, aunque posteriormente surgió la controversia judicial sobre la posible afectación de la Zona Protectora de Tivíves.
La secuencia de decisiones muestra que la adjudicación y la medida cautelar pertenecían a ámbitos distintos: la primera se relacionaba con la legalidad del procedimiento licitatorio, mientras que la segunda buscaba evitar posibles efectos durante la tramitación de una controversia ambiental.
La modernización de Puerto Caldera forma parte de los proyectos de infraestructura considerados estratégicos para fortalecer la capacidad logística del Pacífico costarricense. El puerto cumple una función importante en el movimiento de mercancías vinculadas con las importaciones, las exportaciones y las cadenas de suministro que conectan al país con los mercados internacionales.
El INCOP estimó inicialmente una inversión de aproximadamente US$600 millones para el proyecto. Información publicada sobre la adjudicación también sitúa la inversión por encima de US$500 millones y señala un horizonte de concesión de 30 años.
La iniciativa busca renovar la infraestructura y los equipos portuarios, optimizar las operaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades del comercio marítimo. Entre los objetivos institucionales figuran elevar la eficiencia de los servicios, reforzar la seguridad y fortalecer la competitividad logística del país.
La necesidad de modernización responde a las limitaciones de infraestructura y equipamiento que enfrenta el puerto ante la evolución del tráfico de mercancías. Una terminal con mayor capacidad operativa y procesos más eficientes puede contribuir a mejorar la coordinación de las operaciones de carga y descarga, reducir restricciones y ofrecer mejores condiciones para los usuarios.
Sin embargo, los resultados dependerán de la ejecución efectiva del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la capacidad de las nuevas instalaciones para responder a las necesidades de navieras, importadores, exportadores y operadores logísticos.
La continuidad del proyecto tiene implicaciones que van más allá del ámbito judicial. Puerto Caldera constituye una infraestructura relevante para el abastecimiento nacional y para el movimiento de mercancías que conectan a Costa Rica con distintos destinos comerciales.
Las limitaciones de capacidad en un puerto pueden afectar los tiempos de atención de los buques, la disponibilidad de espacios operativos y la coordinación de las cadenas logísticas. También pueden generar costos adicionales cuando las empresas deben ajustar sus calendarios de transporte o reorganizar sus operaciones.
La modernización pretende responder a esos desafíos mediante la renovación de infraestructura y equipamiento. Una ejecución adecuada podría favorecer la eficiencia de las operaciones portuarias y mejorar las condiciones para movilizar mercancías a través del Pacífico costarricense.
Para los importadores y exportadores, el avance contractual es una señal de continuidad del proyecto, pero no supone una mejora operativa inmediata. Los beneficios dependerán del calendario de ejecución, de la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones y de la evolución de la demanda de servicios portuarios.
La controversia relacionada con la Zona Protectora de Tivíves pone de relieve la importancia de compatibilizar el desarrollo de infraestructura con las obligaciones de protección ambiental.
Los informes del Sinac mencionados en el caso fueron relevantes para la valoración judicial sobre la ubicación del área de concesión. No obstante, el alcance de la resolución debe entenderse dentro de los límites de la solicitud cautelar examinada y de los elementos disponibles en el expediente.
La revocación de la medida no elimina las obligaciones ambientales aplicables al proyecto. Cualquier actuación que requiera permisos, evaluaciones o autorizaciones deberá cumplir con los procedimientos correspondientes y con las condiciones que establezcan las autoridades competentes.
Este punto resulta especialmente importante porque la formalización de una concesión y la autorización de obras son actos distintos. El avance contractual no exime al concesionario ni a las instituciones públicas de observar la normativa ambiental y las demás disposiciones que regulan la ejecución de infraestructura portuaria.
La transición hacia un nuevo esquema de concesión también exige mantener la continuidad de las operaciones del puerto. En junio de 2026, la Junta Directiva del INCOP aprobó extender los contratos vigentes de la terminal de carga general y la terminal granelera hasta el 31 de agosto de 2027.
La medida fue adoptada para evitar interrupciones en los servicios públicos portuarios mientras concluían las etapas pendientes del procedimiento de licitación y adjudicación de la nueva concesión.
La extensión de esos contratos constituye un elemento relevante para la planificación de la transición. El avance del nuevo contrato debe coordinarse con la continuidad de los servicios existentes, de modo que las operaciones de carga y descarga y el flujo de mercancías no se vean afectados por el cambio de concesionario.
El calendario efectivo de formalización y ejecución, así como las condiciones establecidas en los documentos contractuales, serán determinantes para conocer cómo se organizará el paso hacia el nuevo modelo de operación.
Tras la resolución del 7 de octubre, el siguiente paso es que el INCOP continúe los trámites contractuales que correspondan para formalizar la concesión con el Consorcio Sunset. A partir de ahí, el desarrollo del proyecto dependerá del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales y administrativos aplicables.
También será importante seguir las comunicaciones oficiales sobre la formalización del contrato, el calendario de ejecución, las autorizaciones necesarias y las medidas previstas para mantener la continuidad de los servicios portuarios durante la transición.
La resolución judicial representa un avance para el procedimiento, pero no equivale a una sentencia definitiva sobre todos los aspectos de la concesión ni confirma una fecha de inicio de obras. La evolución del proyecto deberá evaluarse a partir de los siguientes actos administrativos y contractuales, así como del cumplimiento de las obligaciones establecidas.
El levantamiento de la medida cautelar elimina un obstáculo judicial que mantenía suspendida la formalización de la concesión y permite al INCOP retomar ese trámite con el Consorcio Sunset. La decisión se produce después de que la Contraloría confirmara la adjudicación en julio de 2026 y en medio de una controversia sobre la posible superposición del proyecto con la Zona Protectora de Tivíves.
La modernización de Puerto Caldera representa una iniciativa de gran relevancia para la infraestructura y la competitividad logística de Costa Rica. No obstante, su avance efectivo dependerá de la formalización contractual, de las autorizaciones que correspondan y de la ejecución de las obras conforme al marco legal y ambiental.
Por ahora, la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo permite continuar el procedimiento, pero el inicio de las intervenciones físicas y la materialización de los beneficios previstos deberán confirmarse mediante los siguientes hitos oficiales del proyecto.
